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Por ahora el intendente de Cañuelas, Héctor Rivarola, zafó del juicio político.
El tema se comenzó a debatir en la sesión del miércoles 9 y, tras un cuarto intermedio, se seguirá discutiendo en la próxima sesión ordinaria.
Se lo acusa de haber desviado para seguridad dinero de una moratoria que estaba afectado para el pago de insumos, medicamentos y repuestos en el Hospital Angel Marzetti.
En la ordenanza de 2006 que promovió esa moratoria se incluyó un artículo -aprobado por unanimidad- que preveía el juicio político al intendente en caso de que usara los recursos para fines diferentes a los establecidos.
Entre enero y abril Rivarola firmó dos decretos asignando 11.000 pesos de esa ordenanza para el pago de seguridad en el Hospital Marzetti.
Las acusaciones más duras partieron desde el bloque radical. Liliana Menconi denunció que además de haber violado la ordenanza en ese aspecto, el Ejecutivo retuvo en cuentas municipales más de 100.000 pesos que ya tendrían que haber sido girados al Hospital. También puso en duda que los 370.000 pesos de la moratoria previstos para "obras públicas menores" se hayan invertido en eso.
Para la bancada radical, todos estos argumentos permitirían avanzar en un juicio político.
La bancada del FPV salió en defensa del intendente (un radical devenido kirchnerista) a través de un asesoramiento solicitado a la Asesoría de Gobierno de la Provincia, cuyo titular, Daniel Enrique Navas, negó la existencia de argumentos suficientes para promover el enjuiciamiento. El gasto en personal de seguridad fue "razonable" para paliar "una situación de emergencia", indicó el funcionario provincial.
Arrieta argumentó además que los decretos del intendente fueron "ad referéndum" del Concejo Deliberante, es decir que fueron actos administrativos que no terminaron de consumarse.
Esta situación generó una ríspida discusión de más de dos horas entre radicales y kirchneristas. El clima se volvió más tenso cuando Gustavo Arrieta (FPV) equiparó la actitud de la bancada radical con el golpe de Estado de 1976.
Desde la bancada justicialista, que se mantuvo expectante durante todo el debate, Emilio Contreras pidió pasar a un cuarto intermedio para pedir asesoramiento y determinar si la retención de fondos en el Ejecutivo configura o no una falta grave que dé motivo a un juicio político.
La sorpresa la dio el justicialista Alfredo Morgante, cuando votó en disidencia con su bloque y se opuso al cuarto intermedio, pero de todas maneras, con el voto de la presidencia, predominó la moción favorable al Ejecutivo.
El tema se seguirá debatiendo dentro de quince días.
INFOCAÑUELAS
10-05-07
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
