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Le quitarán a Cristóbal López la concesión de la Autopista Ezeiza-Cañuelas

El Ministerio de Transporte le comunicará esta semana a Aecsa la ruptura del contrato del corredor a Ezeiza y Cañuelas por incumplimientos. La autovía será administrada por Vialidad Nacional hasta que el Estado llame a una nueva licitación.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rescindirá esta semana la concesión de la autopista Ricchieri Ezeiza-Cañuelas a la empresa Aecsa, del empresario kirchnerista Cristóbal López, según lo informó hoy el diario La Nación.

Los motivos de esa ruptura, que será notificada a Aecsa en estos días, son incumplimientos de obligaciones contractuales y desvío de fondos de obra pública, adelantaron al matutino altas fuentes de la Dirección de Vialidad Nacional, que dirige Javier Iguacel.

El Estado le reclama a la concesionaria de López una deuda total de $ 1124 millones. Pero podría aumentar si se aplican intereses. La rescisión del contrato que finaliza en 2021 se venía barajando desde que Dietrich asumió, a fines de 2015, y encontró irregularidades.

Por un lado, Vialidad le reclama a Cristobal López $ 385 millones por recursos de afectación específica (RAE), que salen del cobro del peaje: no se depositaron en el fideicomiso para obras públicas que administra el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).

El Gobierno le atribuye a Aecsa un desvío de $ 98 millones de los RAE para Esuvial, la principal accionista de Aecsa y controlada por Cristobal López.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte acusa al concesionario de acumular una deuda impaga por multas de $ 739 millones por incumplimientos de contrato y por falta de obras. Es un 423% por encima de la garantía del contrato, cuando el máximo permitido para excederse es un 20 por ciento.

"La rescisión está decidida y la carta se enviará esta semana", dijo a LA NACION un alto funcionario de Transporte. Previo a ello, se darán pasos administrativos necesarios.

Aecsa administra la autopista Ricchieri, tanto el ramal que llega a Ezeiza como el desvío hacia Cañuelas. Cuando Dietrich llegó a Transporte, encontró un expediente que le extendía la concesión hasta 2031 y sólo faltaba la firma del director de Vialidad Nacional.

Según estimó, la extensión del plazo podía implicar ingresos adicionales por más de $ 5000 milllones. Pero Iguacel archivó el expediente y revisó todas las concesiones de peajes que operan desde 2001. La empresa de Cristobal López adquirió la concesión en 2013 y, según el Gobierno, desde entonces comenzó a acumular la deuda de los RAE, que con intereses podría trepar a $ 500 millones.

"Es una operatoria similar a la que hizo con la petrolera Oil. Del impuesto a la transferencia de combustibles, que debía pagar a la AFIP, retuvo $ 8000 millones", recordó un funcionario de Transporte.

Luego de la rescisión de la concesión, la cartera que dirige Dietrich demandará al empresario tanto por la deuda de los RAE como por la de las multas impagas. Pero seguramente, Aecsa denunciará al Estado por la rescisión y por incumplimiento de mantenimientos tarifarios, en parte causado por el congelamiento de los peajes durante el gobierno kirchnerista.

Para continuar la operatoria del corredor, neurálgico para el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, Dietrich le encomendará la transición a Vialidad Nacional hasta incorporar un contrato de Participación Público Privado (PPP), por medio de una licitación pública. Con ello, prevé realizar obras que no se hicieron de repavimientación y conformar una sociedad mixta entre el Estado y un operador privado.

Los accionistas de Aecsa son Esuvial (73%) y el Grupo Damasco (27%), que entre sus principales accionistas tienen a CPC, la constructora de Cristóbal López.

Entre las causales de rescisión, se argumentará que la sociedad tiene capital social negativo (más deuda que patrimonio), multas por un 423% más que las garantías que tiene emitidas (el contrato permite hasta 20%), la falta de presentación de balances en los últimos dos años, y el hecho de haber prestado $ 98 millones a sus accionistas, lo cual podría ser considerado como un desvío de fondos.

El administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, destacó a LA NACION que "el procedimiento de rescisión se enmarca dentro de todas las acciones que está llevando a cabo el Gobierno en pos de velar por los intereses del Estado Nacional y de todos los argentinos, garantizando la seguridad jurídica y la solidez institucional".

Asimismo, subrayó que se garantizaran todas las fuentes de trabajo, como así también, la prestación del servicio a los usuarios.

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