El veneno de la serpiente

Argentina vivió en el siglo 19 un proceso evolutivo: la Revolución de Mayo, la Guerra de la Independencia, la Anarquía, la Tiranía, la Constitución de 1853, la Secesión de Buenos Aires, la reforma de 1860 y la Organización Nacional. Organización Nacional significa que la mayoría del pueblo argentino se agrupó alrededor de un acuerdo: el texto de la Constitución. 

Esto es el Estado de Derecho, porque la vida y hacienda de los ciudadanos no está regida por la voluntad de ningún líder o déspota, sino reglada por la ley. Este contrato jurídico y moral convertido en ley suprema no es pétreo, pero tampoco puede modificarse ni vapulearse fácilmente como algunos pretenden, pues se protege con mecanismos que hacen que cualquier cambio requiera un muy amplio consenso, mayorías especiales. 

El contrato social argentino tiene sus enemigos. Estos profesan en todos los casos ideas autoritarias y hegemónicas que ya se han probado, con fracaso total, en otras épocas y latitudes: los populismos, los comunismos y las teocracias. Todas estas doctrinas enfrentan a nuestro sistema constitucional que se basa en la democracia representativa y en la forma republicana de gobierno. Vale entonces preguntarnos qué significa la democracia representativa republicana.

El sistema representativo  determina lo que se llama democracia indirecta, o sea que los ciudadanos se expresarán por los mandatarios que hayan elegido en sufragio libre y obligatorio, por la mayoría y por las minorías. Los detractores pujan por la democracia directa, que ellos interpretan como la voluntad de un pueblo con pensamiento único, sin respeto por eventuales minorías. Como es imposible que ejerzan el gobierno de hecho millones de personas, ese pueblo supuestamente homogéneo se expresa por la boca de un líder, generalmente carismático.

La forma republicana de gobierno implica la existencia de tres poderes de decisión, autónomos, y con distinta funcionalidad: el ejecutivo a cargo de la administración del gobierno, el legislativo como generador de las leyes y el judicial que ejerce el control de constitucionalidad de los otros dos poderes para evitar desvíos del contrato social, para evitar excesos, para preservar la estructura básica del sistema. 

Coexisten los tres poderes en un marco de equilibrio, de recíprocos frenos y contrapesos. Los mecanismos prácticos para que esto funcione están claramente explicitados por la Constitución Nacional. No existe el monopolio del poder político: no lo tiene ni el presidente, ni los legisladores ni los ministros de la Corte. Se pretende evitar cualquier tipo de autoritarismo o de influencia de un poder sobre los otros, pues de darse ese caso, estaríamos ante la suma del poder público, que es anatema constitucional y fulmina a quienes lo ejerzan o faciliten con la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Este artículo 29 de la Constitución, terrible, no es elucubración de escritorio, es la experiencia de una país que ha vivido en su historia aciagos días de despotismo. Los constituyentes de 1853 habían sufrido a los caudillos y a Rosas.
En cambio, para el populismo el pueblo es homogéneo, desprovisto de discordancias o disensos. No es una suma de voluntades autónomas sino una construcción monolítica que proviene del fondo de la historia, inmune al análisis racional; se siente, no se piensa.

Juan Manuel de Rosas ya sostenía en su tiempo que la causa de la Federación no pertenecía a una parcialidad sino al pueblo entero, e intentó homogeneizar la sociedad de su época con signos exteriores, como exuberantes bigotes y largas patillas y el color rojo en las vestimentas, las divisas y los frentes de las casas. Uniformarla.

En la actualidad, el perokirchnerismo está empecinado en la aniquilación de la forma republicana de gobierno. ¿Por qué? Porque el peronismo no concibe gobernar si no es detentando todo el poder ¿Contra quién se dirige? Pues como ya ejerce el poder ejecutivo, como ya tiene mayorías parlamentarias, solo le resta apropiarse del Poder Judicial para contar con la suma del poder público, ambición máxima de un partido populista. Hay que atacar, entonces, a su cabeza, la Corte Suprema de Justicia.

Estos señores de la Corte han sido muy díscolos con la Viuda, su Gólem y sus súbditos. ¿Lo hacen porque son contreras, gorilas, cipayos o vendepatrias? No, tres de los cuatro son peronistas, inclusive han sido funcionarios del partido gobernante en distintos cargos políticos. Pero también son hombres de derecho, con sobrado profesionalismo, pese a no haber pasado por la cátedra tutorial del Prof. Alberto Fernández.

El Gólem de Olivos, en su obsecuencia a la Viuda, encabeza la ofensiva contra la Corte, secundado por caudillejos de las provincias del norte, gremialistas dudosos y aspirantes con pretensiones. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque la Viuda tiene para sí, para los suyos y para el país, otros planes; y el Poder Judicial, ese poder de contrapeso al accionar político, se lo está impidiendo. ¿Y por qué se lo está impidiendo? Porque todos los proyectos con los que emponzoña a su Gólem y éste instrumenta son totalmente inconstitucionales y apuntan a dinamitar la República, a detentar el poder absoluto y, por sobre todas las cosas, a librar de la cárcel a la Viuda y a sus hijos. 

La ponzoña está expuesta en el temario que el presidente envió al Congreso para las sesiones extraordinarias:

• Juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura.
• Designación del Procurador General de la Nación.

Nada para palear la indigencia y la extrema pobreza, nada para mejorar la educación, nada para combatir la inseguridad, nada en pos de la salud, nada para el desarrollo, nada para evitar nuestro camino directo al narcoestado. 
Todo lo que hay que legislar para un país en estado de desastre, no importa, solo importa lo que aterroriza a la Viuda.

—¡Sacate el antifaz, te quiero conocer!— canta el tango. Pues lo han hecho de forma desenfadada, buscando acabar de una vez por todas y en el poco tiempo que les queda con  quienes se atreven a contradecir a su lideresa e, inclusive, ponen en peligro su libertad ambulatoria, la de sus hijos y secuaces. 

Vale entonces preguntarse cuál sería la consecuencia para Argentina si el perokirchnerismo logra su objetivo. La respuesta está en la historia de nuestro país: retrotraernos a instancias ya superadas y llegar a una dictadura o caer en la anarquía. ¿Por qué digo llegar a una dictadura? Porque los únicos caminos para reemplazar el estado de derecho vigente son ya conocidos: un régimen populista, un régimen comunista o un régimen teocrático. El resultado de cualquiera de estos caminos es siempre la dictadura, ya sea la del líder carismático, la del déspota absoluto o la del monje iluminado que cree detentar el poder de Dios.  

El kirchnerismo está en su final, y lo sabe. Entonces se inclina por el mal total, por la tierra arrasada, por la coronación de todo el daño causado. Si no es para nosotros, será para nadie. Es Hitler muriendo en su búnker, con su patria destruida y el mundo devastado. Los populismos son en esencia todos iguales.

Y dijo Sansón: ¡Muera yo con los filisteos! Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado en su vida. (Jueces, 16:30).

Carlos Laborde
Abogado, escritor.

Escrito por: Carlos Laborde