Viva la educación, carajo

Hace algunos días el presidente Milei logró salvar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Lo hizo gracias al apoyo de medio centenar de diputados provenientes del PRO (convertido a estas alturas en mero furgón de cola de los libertarios), la UCR y el peronismo. Todos integrantes de esa “casta” a la que prometió combatir y que sin embargo necesita para sostener políticas como el recorte de presupuesto a las universidades, la privatización de empresas estatales y la desregulación económica.  

No hay dudas de que Milei y sus aliados (¿o secuaces?) están yendo en contra de los intereses y reivindicaciones de sectores sociales mayoritarios. En el Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario salió aprobada con un respaldo contundente, logrado gracias a acuerdos transversales entre diferentes espacios políticos. Por otro lado, todas las encuestas dan cuenta del masivo apoyo que tiene la lucha de los docentes y estudiantes en defensa de las universidades. Y qué decir de la multitudinaria movilización federal del 2 de octubre, en la cual vimos a cientos y cientos de miles de personas congregadas en las principales plazas de todo el país en apoyo a la educación universitaria pública, libre, gratuita y de calidad. Una educación universitaria que está en riesgo debido al ahogo presupuestario al que la somete el gobierno de Milei.

Lo de ahogo presupuestario no es metafórico. En lo que va del año las universidades nacionales recibieron un 30% menos de recursos que en igual periodo del 2023. Y las partidas presupuestarias destinadas específicamente a obras o gastos de infraestructura fueron nulas. Según datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el recorte del presupuesto universitario realizado por Milei es el más drástico desde el regreso a la democracia en 1983. Durante el primer cuatrimestre la situación fue tan crítica que incluso se convirtió en una posibilidad cierta el cierre de las universidades públicas. La impresionante movilización de finales del mes de abril le torció el brazo al gobierno, que no tuvo otra alternativa que mandar los fondos para mantener las puertas de estas instituciones abiertas.

Sin embargo, la gestión libertaria solamente aumentó y transfirió los llamados “fondos de funcionamiento”. Es decir, aquellos recursos que son destinados al pago de los servicios básicos para el funcionamiento de las universidades (gas, agua, energía eléctrica, etc.), pero que representan aproximadamente un 10% del total de gastos que tienen las mismas. Dentro de estos fondos no están contemplados, por ejemplo, los salarios de los docentes. De allí, que el conflicto haya continuado. 

En un intento desesperado por deslegitimar el reclamo salarial, desde el gobierno buscaron instalar que los docentes cobramos sueldos por encima del millón de pesos. Evitaron aclarar que esas cifras solamente son alcanzadas por los profesores titulares de cátedra con dedicación exclusiva (40 horas semanales de trabajo en la universidad), que constituyen una ínfima minoría en la totalidad de docentes universitarios. A modo de ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el 75% de quienes impartimos clases tenemos cargos con dedicación simple. El último sueldo neto fue de 128 mil pesos (recibo a disposición de quien desee chequearlo). En términos reales, los salarios docentes perdieron desde la llegada de Milei a la presidencia entre un 25% y un 40% de poder de compra (dependiendo del cargo, la antigüedad y algunos otros factores).

Esto explica por qué se rechazó la propuesta del gobierno de aumentar de acá a fin de año tan sólo un 6%, que no cubre ni la cuarta parte de lo reclamado.

Pero incluso si se considera el salario de los titulares de cátedra con dedicación exclusiva (esa ínfima minoría que el gobierno quiere instalar como representativa del total), el mismo no es precisamente exorbitante. De hecho, el sueldo de un docente de la máxima categoría de nuestro sistema universitario, medido en dólares, es casi el más bajo de la región (solamente en Venezuela cobrarían menos).

Acorralados ante el creciente rechazo popular, Milei y sus pregoneros –reales y sobre todo virtuales– salieron a revolear excusas, sin importarles la veracidad de las mismas. En primer lugar, la supuesta falta de control sobre los fondos recibidos por las universidades. Una mentira flagrante, ya que según establece la Ley de Educación Superior dicho control lo ejerce la Auditoria General de la Nación, un organismo que trabaja conjuntamente con el Congreso de la Nación. 

También quisieron instalar que las universidades no cumplen ninguna función de promoción social. Una actualización de aquel manido postulado según el cual “los pobres no llegan a la universidad” (Vidal dixit). Aquí, nuevamente, los datos contradicen la mentira (¿o la ignorancia?) de los libertarios y confirman que las universidades públicas son de las pocas instituciones que quedan en nuestro país capaces de favorecer el ascenso social. Según la EPH, realizada por el INDEC, el 40% de los alumnos de las universidades públicas son pobres. Y el 48% de quienes se inscriben en ellas son primera generación de universitarios en su familia. Esa cifra se eleva por encima del 70% si consideramos específicamente lo que ocurre en las universidades públicas ubicadas en el conurbano.

Hasta llegaron al ridículo de sostener que las universidades públicas funcionan como centros de adoctrinamiento donde los docentes no van a dar clases, sino a “bajar línea”. De ser así, no podría explicarse por qué según el QS World University Rankings (que mide entre otras cuestiones el prestigio internacional, el reconocimiento entre los empleadores y la calidad de la producción científica), de las diez mejores universidades de nuestro país seis son públicas, con la UBA a la cabeza. Precisamente, la UBA es la única de las universidades de Argentina que está entre las cien mejores casas de estudio del planeta. 

Entonces, ¿por qué el gobierno hace lo que hace? Los verdaderos motivos por los cuales se vetó la Ley de Financiamiento Universitario fueron dos. El primero de ellos lo explicitó Federico Sturzenegger en una entrevista para LN+. Si el gobierno acepta la recomposición salarial que solicitamos los docentes universitarios, abre la puerta al reclamo de decenas de otros sectores que desde que asumió Milei han visto pulverizados sus ingresos. Y no puede permitírselo, ya que el superávit fiscal y la inflación en torno al 3% mensual (los únicos “éxitos” de los que se agarra el gobierno) solamente pueden sostenerse sobre la base de la miseria de millones y la recesión económica. El segundo lo enunció el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro luego apoyar el veto: quieren darle a los mercados (eufemismo para hablar de los grandes bancos y grupos financieros internacionales) una señal de que están dispuestos a sostener el ajuste, a costa de quien sea. 

Habrá que ver si son capaces. Por ahora, lo único certero es que el “león” se encontró con un hueso duro de roer. Y no vaya a ser cosa, que el que termine domado sea él.

Escrito por: Juan Martín Barbas