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El Concejo Deliberante se prepara para debatir el próximo jueves un proyecto del oficialismo que propone adherir a la Ley de Paridad de Género aprobada hace pocos días por el congreso Nacional y que entre otros puntos promueve el uso del lenguaje inclusivo y la equidad de género en medios públicos y privados como condición e incentivo para acceder a la pauta oficial.
La nueva norma aprobada por el Frente de Todos y los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo -y rechazada por Juntos por el Cambio- establece que los medios públicos deben mantener “la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, aplicable sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones”.
También deberán “garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal”.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación de gestión estatal dará lugar a sanciones, llamado de atención y apercibimientos.
La iniciativa, titulada “Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina”, establece la creación de un registro de medios privados en el que se podrán inscribir los medios que decidan plegarse a esta normativa, en cuyo caso recibirán un certificado por parte de la autoridad de aplicación que les dará preferencia para recibir publicidad oficial.
Con fecha 22 de junio, los concejales Romina Marques Antunes, Diana Barcia, Leonel Fangio y Alejandro Cid Menna (Frente de Todos) presentaron un proyecto de adhesión a dicha ley, seguramente con la intención de hacerla extensiva a Cañuelas, ya que precisamente están en sus cargos y cobran una dieta para legislar cuestiones concretas del ámbito local.
En los considerandos se muestran preocupados al señalar que la sociedad “está cansada” de que “en algunos medios los hombres les explican cuestiones a las mujeres”.
Más adelante afirman que “las mujeres que se dedican a la política pueden no aparecer mucho en las noticias, ya sea antes de las elecciones o después de ellas” y que “lo ideal sería que los medios de comunicación se caracterizaran por su veracidad o imparcialidad, pero en realidad su cobertura informativa no suele ser muy precisa”.
Para ajusticiar a los medios por estos “desvíos” sugieren que “a la hora de lograr una pauta oficial uno de los requisitos deberá ser qué tanta equidad hay en los medios de comunicación. No es un castigo pero sí la implementación de un requisito a favor”. Como se ve, los criterios de calidad de contenido, alcance, nivel de audiencia y servicio a la comunidad pasan a un completo segundo plano.
Los ediles firmantes de esta iniciativa saben muy bien que la pauta oficial es una de las fuentes de ingreso que permite el sostenimiento de los medios locales y que está vedado usar la publicidad estatal como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. También saben que la mayoría de los medios distritales se manejan con equipos de personal muy reducidos y que no deberían medir con la misma vara a un gran medio provincial o nacional que a uno local.
Por lo tanto, pretender que los medios locales contraten más personal -o despidan a alguien- para tener un 50 % de periodistas mujeres y 50 % de periodistas varones a fin de adecuarse a la ley como condicionante para recibir un aviso del Estado es firmar su condena de muerte.
El texto de Marques Antunes, Barcia, Fangio y Cid Menna tomó estado parlamentario en junio, una semana después de la aprobación de la Ley en la Cámara de Diputados. Todo parece indicar que se votará en la sesión de este jueves y que luego, como se menciona en un párrafo final, se enviará a otros distritos para que lo repliquen.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
