Firma falsa en el Concejo: el oficialismo archivó el tema y la oposición analiza ir a la justicia

En una sesión de alto voltaje el oficialismo mandó a archivo el proyecto de la oposición que pedía sanciones para los concejales Diana Barcia y Maximiliano Mazzanti, considerados sospechosos de haber “dibujado” la firma de la concejal Romina Marques Antunes en un acta de la comisión de Legislación y Reglamento cuando ella se encontraba de vacaciones.

El oficialismo argumentó que cuando la oposición reclamó internamente por la inclusión de esa firma en el acta del 5 de abril los cuatro despachos sacados en esa fecha fueron anulados antes de ser incluidos en el orden del día, por lo que el reclamo puede considerarse abstracto al no haber generado ningún perjuicio a la “institucionalidad” del cuerpo. 

Durante sus descargos, los tres ediles evitaron en todo momento mencionar el acto de la falsificación en sí, a todas luces evidente, y prefirieron plantearlo como un tema menor que estuvo avalado por Marques Antunes a la distancia, desde su retiro vacacional. También obviaron mencionar que esa firma permitió dar quórum a una reunión que no tenía el número mínimo de ediles para funcionar.

“Mi voluntad no fue vulnerada ni quebrantada dado que expresé mi voluntad positiva en la reunión anterior que mantuvimos el 30 de marzo” dijo Marques Antunes.

“No se puede considerar un acto deliberado de falsificación ya que fue solicitada su autorización” agregó Barcia y luego calificó a los concejales de Juntos por el Cambio como “seguidores del líder de las reposeras” en alusión a Mauricio Macri.

“Los despachos quedaron sin efecto por lo que no se causó ningún perjuicio a la institucionalidad del cuerpo” agregó Mazzanti en el mismo sentido, dando por concluido el tema.

Los tres ediles apuntados contraatacaron poniendo en escena una irregularidad que cometió el bloque opositor. La nota presentada por Juntos por el Cambio para pedir sanciones por la firma trucha fue ingresada el cuerpo el 12 de abril, con la firma de ocho concejales, entre ellos Natalia Schessler, quien había realizado la suplencia de Eduardo Recalt entre el lunes 5 y el viernes 9 de ese mes. Es decir que el 12 ya no estaba en funciones.

En Juntos por el Cambio afirman se decidió que se decidió invitar a Schessler a firmar porque el hecho denunciado se produjo en la reunión de comisión del 5 de abril, cuando ella sí era concejal. Desde esa perspectiva su aparición en la nota fuera de su mandato sería un desliz o una ingenuidad. La oposición, en cambio, lo utilizó para desvirtuar la acusación considerando que la inclusión de firma de Schessler era un hecho aún más grave que lo que se pretendía sancionar. Además, sugirieron que se incluyó su nombre porque Recalt no estaba de acuerdo con debatir el asunto de la firma falsa.

“Schessler firmó un escrito cuando ya no desempeñaba la concejalía. ¿Fue forzada a firmar cuando ya no estaba habilitada a firmar? ¿Cómo van a calificar esa conducta? ¿Recalt tenía pleno conocimiento y estaba en todo de acuerdo con la denuncia? ¿Vulneraron o quebraron su voluntad? Por qué pasaron por encima de la decisión del titular de la banca?” se preguntó Mazzanti en tono incisivo.

A la izquierda, la firma falsa de Antunes entre las de Mazzanti y Barcia. A la derecha, la firma auténtica estampada por Antunes en otro documento.

La votación del pedido de sanciones terminó de agitar las aguas. Desde el bloque de Juntos por el Cambio Natalia Blasco consideró que los tres involucrados en la firma falsa no podían votar. “Es de sentido común que no pueden hacerlo” disparó, pero la presidenta del cuerpo, Margarita Trejo, dijo que ella no lo interpretaba de otra manera. La votación terminó 10 a 8 y el pedido fue archivado.

Molestos, los concejales de Juntos por el Cambio -entre ellos Carolina Torrilla, que asumió como suplente- se levantaron de sus bancas y se retiraron.

Ante un llamado de InfoCañuelas Natalia Blasco adelantó que el bloque analizará la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia penal o en lo contencioso administrativo. “No tengo duda de que estamos ante un delito, que es la falsificación de una firma en un instrumento público. Hasta ahora veníamos esperando para ver cómo se daba el proceso en el ámbito administrativo. No nos dejan más alternativa que ir a la vía judicial, algo que vamos a evaluar con tranquilidad en los próximos días”.

Escrito por: Redacción InfoCañuelas