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En un plazo máximo de diez días los concejales de Cañuelas y funcionarios del Departamento Ejecutivo deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia si recibieron o no alguna dosis de vacuna contra el coronavirus.
La norma -impulsada por el bloque del Frente de Todos y aprobada por unanimidad- establece que en un formulario diseñado al efecto los funcionarios y concejales deberán indicar si se vacunaron o no, lugar, fecha de aplicación, número de dosis y motivo o situación comprendida dentro del orden de prioridades.
Estarán obligados a completar el formulario todos los funcionarios políticos del Ejecutivo (intendente, jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, directores y cargos equivalentes, personal de Gabinete y secretarios privados), como así también los concejales y secretarios.
La autoridad de aplicación será el secretario Legal y Técnico Sebastián Demicheli en el caso del Ejecutivo; y el secretario Legislativo Guillermo Proh para el Concejo Deliberante.
De constatarse incumplimientos o falseamiento malicioso de datos, se prevé una multa equivalente al 50 % del salario.
Si bien el bloque de Juntos por el Cambio apoyó esta propuesta por considerar que contribuye a la transparencia, Carlos Álvarez le reprochó a su par Maximiliano Mazzanti que un rato antes el oficialismo no había querido respaldar el pedido de acceso a la lista general de vacunados en el partido de Cañuelas.
Cuando se debatió aquel tema, Mazzanti había argumentado que “saber a quién se vacunó y a quién no es una preocupación que sólo forma parte de la agenda de un sector minoritario, que no representa al conjunto de la sociedad. Lo más importante en este momento es el hecho de vacunarse”
Según Mazzanti, la lista de todos los vacunados “es información sensible, información protegida, información que hace a la privacidad de las personas. La nómina de vacunados no se puede dar”.
Álvarez consideró que Mazzanti estaba incurriendo en una flagrante contracción. “En nuestro proyecto dijeron que se violaba el derecho a la intimidad pero en el de ustedes no se viola ese derecho. Se contradicen en todo lo que dijimos hace 45 minutos”.
Irritado, Mazzanti le contestó que “El proyecto de la oposición está envejecido que apuntaba al público en general. El nuestro apunta los funcionarios, que deben rendir cuentas”.
Si bien es lógico y esperable que las declaraciones juradas queden a disposición de los medios de comunicación para su divulgación, justamente por tratarse de funcionarios públicos, la ordenanza aprobada no lo aclara.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
