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En 2019 una veintena de propietarios usurpados de distintas localidades -entre ellos el cañuelense Luis Lázaro- formaron la ONG Propietarios Usurpados de Argentina (PUA). Esta entidad, que ya tiene el expediente iniciado en la IGJ, le acaba de enviar una carta al procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ante el agravamiento de las tomas ilegales de tierras y viviendas, un fenómeno que en Cañuelas es harto conocido.
En líneas generales los directivos de PUA le piden a Conte Grand que la justicia "se ponga las pilas" y actúe con rigor ante lo que representa un delito y no un conflicto entre particulares, como prefieren verlo muchos magistrados garantistas.
En su carta al jefe de los fiscales bonaerenses, los directivos de PUA expresan que las denuncias por usurpaciones generalmente son desestimadas "mediante sobreseimiento o archivo" y que "no se investiga la autoría y materialidad del hecho por ausencia de diligencias útiles y pertinentes".
Agrega que en muchos casos la justicia considera a las usurpaciones como un "conflicto" entre ocupante ilegal y propietario en lugar de abordarlo como lo que realmente es, un delito penal. "El tándem Fiscalía-Juzgado de Garantías generalmente posterga los alzamientos durante meses, años y hasta décadas, sin siquiera tratar la petición, generando esa inacción un daño adicional al despojo sufrido".
"Estamos convencidos de que ante la adopción de una postura distinta por parte de los fiscales y juzgados garantistas, con el paso del tiempo la usurpación dejaría de ser un delito conveniente y rentable, ya que actualmente es impune en el fuero penal y remunerado en el fuero civil ya que si la víctima logra una reivindicación es sometida a pagar las supuestas mejoras clandestinas realizadas en la propiedad, es decir una construcción realizada por un delincuente".
En otro párrafo se cuestiona la doble vara judicial. "Funcionarios con acceso al poder tiene resoluciones judiciales diferentes. Tomamos como ejemplo la usurpación de la propiedad del Sr. Máximo Kirchner, donde ante la destrucción de un inmueble embargado el poder judicial aceptó hasta el pago de las reparaciones del mismo, lo que demuestra que el principio de igualdad ante la Ley no existe". Destacan que los más vulnerables son los ancianos, quienes muchas veces mueren antes de lograr la restitución del bien en el que habitaban.
En síntesis, PUA le solicite a Conte Grand que se adopte el respeto a la propiedad privada como principio rector y que la justicia, en casos como el de marras, aplique el artículo 181 del Código Penal que establece una pena de seis meses a tres años de prisión al que "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".
En los considerandos finales también se solicita al procurador que se evalúen regulaciones a los contratos de locación, resguardando el bien y evitando que los propietarios deban someterse a largos litigios ante la falta de pago del locatario.
CONVENIO CON APOLO
PUA firmó un convenio de colaboración mutua con la Fundación Apolo, con el objetivo de impulsar distintos cambios en la legislación provincial y nacional en pos de proteger la propiedad privada.
A partir de una serie de contactos con legisladores estas ONG´s están solicitando que se incrementen las penas en casos de ocupación y usurpación de inmuebles.
Entre los directivos de Apolo se encuentra José Lucas Magioncalda, uno de los abogados que presentó una denuncia (luego desestimada) contra Juan Grabois por extorsión, asociación ilícita y atentado y resistencia contra la autoridad tras la toma del campo de los Etchevehere en Entre Ríos.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
