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La compañía Trainmet Seguros S. A. le reclama a la Municipalidad de Cañuelas $ 50.460.894 por un accidente ferroviario ocurrido el 10 de mayo de 2006 en el paso a nivel de la calle Vicente Casares, en el que murieron Nadia Azar y las menores Paola Gabriela Rubilar y Camila Endara tras ser arrolladas por una formación ferroviaria.
El municipio fue condenado como responsable solidario del siniestro junto con la empresa Transportes Metropolitanos General Roca (TMR), en ese momento a cargo de la operación del servicio de pasajeros.
El 8 de agosto pasado ante el Juzgado Civil 34 de la Capital Federal el abogado Pedro Humberto Falkinhoff, apoderado e Trainmet Seguros, solicitó el embargo de las cuentas municipales a los fines de recuperar los $ 50 millones con más intereses en concepto de repetición de lo ya pagado por la compañía aseguradora a la familia de las víctimas en diciembre de 2023.
“Mientras que mi mandante (TMR) abonó la totalidad de la condena solidaria, en virtud del derecho de repetición tiene derecho a reclamar a la asegurada y condenada en forma solidaria, Municipalidad de Cañuelas, el reembolso del importe pagado por encima del límite asegurado establecido en el contrato de seguros” sostiene el escrito presentado por Falkinhoff.
La Municipalidad respondió el 15 de agosto a través de Micaela Ramírez en calidad de apoderada de la comuna. La letrada rechazó la pretensión de la aseguradora alegando que el embargo de cuentas municipales afectaría recursos públicos; que no hay una situación de morosidad que amerite una medida tan extrema; y que la Municipalidad debería abonar sólo una tercera parte del monto de la sentencia. Advirtió asimismo que la comuna ya se hizo cargo de algunos costos del proceso, por ejemplo honorarios de abogados y peritos, con erogaciones que superarían los 20 millones de pesos, por lo que un eventual desembolso debería ser materia de negociación.
El descargo del municipio fue rechazado por el juez Ignacio Rebaudi Basavilbaso debido a una cuestión técnica: la firma de la Dra. Ramírez (una imagen en jpg pegada sobre el texto) no reunía los requisitos para los documentos digitales, que deben contener firma ológrafa (con el trazo sobre el papel).
TRES MUERTES EN LAS VÍAS
El siniestro que dio origen a la causa -uno de los más conmocionantes que recuerde la comunidad de Cañuelas- ocurrió el 10 de mayo de 2006, aproximadamente a las 21.15, cuando Nadia Azar (49) conducía su camioneta Ford patente CGN768, acompañada por Paola Gabriela Rubilar y su amiga Camila Endara, ambas menores de edad.
Nadia se disponía a cruzar el paso a nivel de la calle Vicente Casares (donde hoy se encuentra el Paso Bajo Nivel San Cristóbal) en dirección al centro de la ciudad cuando fue arrollada por el convoy 4639 de la empresa TMR que ingresaba a la estación Cañuelas, provocando la muerte inmediata de las tres ocupantes de la Ford, que fue arrastrada más de 30 metros.
Luciano Rubilar, esposo de Nadia y padre adoptivo de Paola, promovió una demanda contra la empresa ferroviaria, que resultó condenada, al igual que el municipio, en forma solidaria.
Durante el trámite del expediente los letrados municipales plantearon que Nadia Azar había sido la responsable del accidente por haber cruzado de manera temeraria intentando ganarle al tren y haciendo caso omiso a los bocinazos del maquinista. En consecuencia, consideraron que nada podía reprocharse a la Municipalidad.
El juez desestimó ese argumento poniendo en relieve que el paso a nivel no tenía barreras, luces, señal sonora ni banderillero, “existiendo únicamente la cruz de San Andrés”. Enfatizó que un mes después del accidente se colocaron barreras, señales lumínicas y sonoras y una cabina para personal.
El magistrado consideró que la Municipalidad sí era la responsable de la colocación y mantenimiento de la señalización pasiva horizontal y vertical que advierta a los conductores de la proximidad del paso a nivel.
Para llegar a esa conclusión tomó en cuenta el informe de la perito mecánica Ing. ferroviaria Ana María Castellano, quien expresó que el paso a nivel se encontraba en zona urbana y que por lo tanto correspondía señalización activa (barreras), las que debían ser de accionamiento automático, complementadas con dos ópticas de luz roja dirigidas hacia el transito acompañadas de una señal sonora. También sostuvo que junto con la Cruz de San Andrés debió existir un cartel de limitación de velocidad a no menos de 30 m de las barreras, además de carteles de no estacionar cerca de ellas (señalización vertical), estas últimas a cargo del ente nacional, provincial o municipal con autoridad sobre la calle, es decir el municipio.
El juez le dio especial relevancia al informe de los Bomberos Voluntarios que declararon que se habían producido siete siniestros en el lugar, y que el paso a nivel no contaba con la señalización necesaria. A eso se sumó que la calle estaba más baja que las vías y que había pastos altos que impedían una buena visibilidad.
Nadia Azar estaba casada con Luciano Rubilar. No tenían hijos pero acababan de adoptar a cinco sobrinos que habían sido abandonados por sus padres, entre los que estaban Paola, fallecida en el accidente.
“El esposo debió hacerse cargo solo de una gran prole, y los hijos perdieron nuevamente a una madre, quien era además su tía biológica, quien juntamente con su esposo los cobijó cuando habían sido abandonados por sus padres. Un gran acto de amor, que demuestra la grandeza de esta familia y los lazos que los unían” se puede leer en la sentencia a la que tuvo acceso InfoCañuelas.
Finalmente, tomando en cuenta la corta edad de las víctimas y la compleja trama familiar, en 2021 se fijó una indemnización cercana a los 500 mil pesos más intereses a contar desde la fecha del accidente. Ese monto ya fue abonado en diciembre por la compañía de seguros. Ahora queda por definir si la justicia obligará al municipio a pagar una cifra equivalente, avalando el pedido de la firma aseguradora.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
