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En los últimos días se abrió un inesperado frente de conflicto entre el oficialismo y la comisión directiva de los Bomberos Voluntarios que dirige la abogada Mariela Aristegui.
La semana pasada el bloque del Frente de Todos rechazó un pedido de aumento de fondos para la institución solicitado por Juntos por el Cambio. Durante el debate la concejal Diana Barcia argumentó que la CD no ha presentado la rendición de todos los subsidios o que los ha presentado incompletos; y que desde 2012 los bomberos no pagan el canon del 5 % por la organización de rifas.
Ayer Aristegui cruzó a Barcia en InfoCañuelas. Deslizó que sólo estaba buscando excusas para no pagar más, como consecuencia del enojo que les causó el juicio penal iniciado hace dos años por la institución contra el Ejecutivo, en reclamo de adicionales no transferidos.
Hoy trascendió un durísimo informe que Barcia le envió al jefe de Gabinete, Fernando Jantus, pidiendo acciones concretas del Ejecutivo contra Aristegui y su comisión directiva, fundamentalmente la aplicación de multas contra los miembros de la CD y el pago de un canon de 3,6 millones de pesos por la rifa del período 2020/2021.
LOS DETALLES DE LA EMBESTIDA
En el informe de diez fojas -acompañado por una auditoría del secretario de Hacienda Javier Fransoy- Barcia le pide a Jantus que intime a Bomberos para que presente rendiciones faltantes y complete aquella documentación que tiene observaciones (ausencia de facturas o comprobantes y tickets ilegibles).
Estas observaciones se refieren a los 300 mil pesos que el Ejecutivo transfiere mensualmente a la institución, recaudados a través del Adicional para Defensa Civil y Bomberos recaudado en la tasa de Servicios Generales.
Pero los fragmentos más duros de Barcia están referidos a las rifas que la institución organiza anualmente. Según la concejal del Movimiento Evita, Bomberos no pide la correspondiente autorización para efectuar esa rifa desde 2012; y desde entonces tampoco abona el canon del 5 % que está fijado por Ordenanza, incumpliendo el marco regulatorio.
Haciendo foco sobre la rifa 2020/2021, Barcia sostiene que cada boleto cuesta $ 7.200 pagaderos en 12 cuotas, lo que representará una recaudación de $ 72.000.000.
“Se infiere que los Bomberos Voluntarios a la fecha estarían promocionando, vendiendo y cobrando una rija sin haber abonado los 3,6 millones de pesos correspondientes al fondo benéfico como así también no haber rendido cuenta de los sorteos realizados en los últimos ocho años”.
Barcia apunta contra Aristegui y Silva Amaro, cuyas firmas aparecen en la rifa.Ayer, en diálogo con InfoCañuelas, Aristegui se defendió explicando que en el último año no han realizado una rifa sino una “campaña de adhesión de socios”. En su informe Barcia sostiene que eso es un eufemismo para encubrir lo que “lisa y llanamente” es una rifa.
Además de reclamar los 3,6 millones de aporte por la última rifa, Barcia exige que los bomberos paguen el canon por todas las rifas anteriores realizadas a partir de 2012; y que además presenten las rendiciones del destino de los fondos en todo ese período.
La edil hace notar que en los billetes no aparece el decreto de autorización de la rifa, como exige la normativa, y por lo tanto le sugiere a Jantus que aplique las sanciones que establece la Ordenanza de Rifas Nro. 880/93, esto es suspensión de la autorización para realizar rifas por el término de 10 años y una multas para todos los miembros de la CD (equivalente a un sueldo de intendente más gastos de representación).
En otro párrafo encuadra estas rifas dentro de la Ley 13.470 de Juegos de Azar, que prevé una serie de penalidades. “En el talón del sorteo se encuentran insertas las firmas de la presidenta (Mariela Aristegui) y del tesorero (Guillermo Silva Amaro) avalando el sorteo, lo que hace presumir que los mismos son organizadores del mismo, extremo por el cual a ambos les cabrían responsabilidades civiles y penales por su accionar”, dispara Barcia, y luego advierte que por su condición de abogada Aristegui se encuentra especialmente obligada a la observancia de las leyes.
En las conclusiones de su informe reclama que se modifique el nombre del bono contribución por el de “Rifa” y que dicho cambio se comunique a todos los compradores; que la institución pague 3,6 millones de pesos en concepto de canon reglamentado por Ordenanza; que se presenten las rendiciones; y que se inicien las acciones administrativas contra los responsables de las últimas cinco campañas con el correspondiente cobro de multas.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
