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La detención del policía Orlando Agustín Báez produjo una avalancha de sentimientos entre sus compañeros, básicamente la sensación de que los jefes no los apoyan y que la familia judicial de la que son auxiliares tampoco los respalda cuando las papas queman. Que reina un sálvese quien pueda en el que son el eslabón más débil de la cadena. Que perseguir o detener a un sospechoso los puede dejar tras las rejas.
En ese contexto la fiscal Norma Pippo mantuvo ayer una reunión con toda la cúpula policial del distrito en la sede del Punto Digital Cañuelas. Fue un encuentro de rutina programado para avanzar en la digitalización de las Comisarías de Cañuelas y los Destacamentos a fin de agilizar la transmisión de las causas a las fiscalías, algo que hoy se sigue haciendo en papel.
En el inicio de la reunión la fiscal no pudo eludir la situación de Báez, que dominó la agenda pública local de los últimos días. “Yo sé que hay un malestar entre el personal, pero la detención no está en mis manos” expresó Pippo, cuando en rigor fue su fiscalía la que requirió el encierro del policía, tal vez de manera apresurada.
Por otra parte, dirigiéndose al comisario Inspector Marcelo Silveyra y a los jefes de las comisarías, les pidió que tramitaran ante el Ministerio de Seguridad una especie de tutoría sobre el manual de procedimiento.
“Busquemos los medios para que alguien especializado del Ministerio le explique al personal hasta dónde llega el techo operativo, hasta dónde es legítima defensa, en qué momento pueden usar el arma y cuándo no la pueden usar” sugirió.
Los jefes policiales asintieron y, según transcendió, el Ejecutivo municipal ya habría iniciado los contactos con Provincia para solicitar esa charla técnica.
“Si bien Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires es siempre el mismo, no está mal que cada tanto se lo refresquen al personal. Además, hay épocas políticas en las que el policía está más respaldado que en otras, por eso si bien el Código es uno solo, hay matices interpretativos que van cambiando de gestión en gestión” dijo a InfoCañuelas un policía veterano con gran conocimiento de la profesión.
Esta mañana el juez Martín Miguel Rizzo aceptó el pedido de excarcelación de Báez presentado por su abogado, Walter Brizzio, y como gesto para distender el clima de malestar en la fuerza, se habría dejado sin efecto la sanción aplicada a la oficial Ayudante Sandra Noemí Grasso, del Destacamento Los Pozos, por haber permitido que Báez hablara por teléfono con la senadora María Florencia Arietto, cuyo equipo legal estaba asistiendo al policía. Si bien la anulación no está escrita, se le habría transmitido a la oficial en forma verbal.
Como lo reveló InfoCañuelas, el propio superintendente de la Región Capital II, comisario Mayor Sebastián Perea, bajó al distrito para aplicarle el “correctivo disciplinario” a Grasso, consistente en diez días de suspensión sin goce de haberes. Ese episodio profundizó en la tropa la sensación de que toda la estructura policial y judicial estaba más preocupada por cuidar a Diego Suárez que por la suerte de los agentes policiales.
Entre tanto, a raíz de lo ocurrido en Cañuelas, la senadora Arietto creó en su despacho una División de Protección a la Actuación Policial, destinada a recibir denuncias de policías bonaerenses sancionados en el cumplimiento del deber.
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Escrito por: Redacción InfoCañuelas
