Los “usurpados” formaron una ONG y buscan ser escuchados por la justicia

“Un terreno, una vivienda, un campo, una fábrica... cualquier propiedad es pasible de ser usurpada y cuando eso sucede la gente te dice ´No los sacás más´. En el imaginario colectivo está la sensación de que es así, que la justicia no va a hacer nada para ayudarte. Lamentablemente el derecho a la propiedad en la Constitución Argentina es puramente declamativo”.

Con estas palabras Luis Lázaro resume el panorama que atraviesan miles de propietarios a lo largo y ancho del país que han sido víctimas de algún tipo de usurpación. Aprovechando los resquicios de la justicia los usurpadores (aquellos que pertenecen a una organización delictiva) no encuentran demasiados obstáculos para apropiarse de inmuebles ajenos; y la justicia tampoco se muestra demasiado dispuesta a combatirlo.

Lázaro es un jubilado vecino de la zona de Santa Rosa, en el partido de Cañuelas, uno de los impulsores de Propietarios Usurpados de Argentina (PUA), una nueva ONG nacional iniciada en 2019 que está próxima a obtener su personería jurídica. Cuenta con una comisión directiva de 14 personas de las cuales cuatro son de Cañuelas, lo que es un termómetro de la gravedad de esta problemática en el distrito.

Lázaro conoce el problema en carne propia: es dueño de fracciones en tres puntos de Cañuelas y ha sufrido reiteradas usurpaciones en las que siempre se ha chocado con una justicia renuente a avanzar contra los intrusos.

Decidió dar a conocer la existencia de PUA tras un artículo de InfoCañuelas en el que se reveló el inédito loteo Altos de Máximo, un emprendimiento de 480 parcelas que comenzó a comercializarse sin ningún aval municipal o provincial y sin ninguna claridad sobre la titularidad de la tierra.

“Lo que vemos en todo el país es que hay como una matriz que se repite, una asociación ilícita entre policía, intendencias, poder judicial y un grupo de abogados y escribanos que firman cualquier cosa. Sobre todo en las provincias del norte es muy común encontrar abogados que operan en connivencia con municipalidades, buscando sucesiones muy viejas para hacer sus negocios”, destaca Lázaro.

En diálogo con este portal el dirigente de PUA describió las típicas “triquiñuelas” que utilizan los usurpadores que merodean en la zona. 

“Pongamos el ejemplo de un señor se va de vacaciones, sufre un accidente en el lugar de descanso y no vuelve por cinco meses. En el medio se le metió un señor a su casa. Un vecino le avisa y le dice lo que está pasando. El señor internado a 600 kilómetros pone un abogado pero no puede hacer nada. El intruso dice que no tenía dónde estar con su familia y resulta que la puerta estaba rota y abierta y que él no la rompió. Y como estaba lloviendo y se estaban mojando, se metieron. La ley dice que tiene que entrar por la fuerza; si no entra por la fuerza, no es delito.”.

Lázaro estuvo en 2019 en la Procuración Provincial planteando el drama de Cañuelas.

Esa situación está descripta en el artículo 181 del Código Penal Argentino que prevé de seis meses a tres años de prisión al que “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble (...) sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.

El acto de usurpación organizado tiene, entonces, dos fases: la primera a cargo de quien entra en forma violenta para apropiarse del lugar y la segunda a cargo de un cómplice que llega pacíficamente, quedando protegido por el paraguas judicial.

“Pongamos otro ejemplo que me sucedió a mí -continúa Lázaro-. Me roban los alambrados o las tranqueras y luego, como la propiedad no está perimetrada, se meten diciendo que no fueron ellos lo que quitaron el cerco. Si denuncio al usurpador tengo que pagar un abogado porque el Estado, al asumir que tengo una propiedad, no me considera pobre y en consecuencia no tengo defensor gratis. El usurpador, en cambio, tiene defensor oficial gratis en Cañuelas, el Dr. Roque Funes, cuyo sueldo sale de los impuestos. Eso no es todo: mientras dure el litigio, que puede ser años, tengo que pagar impuestos, luz y tasas mientras el señor intruso no paga nada, vive gratis. Y El estado lo asiste con un abogado gratis mientras que yo, que soy jubilado de 77 años, tengo que pagarlo. La Ley está haciendo una diferencia: yo, que soy la víctima, no tengo una oficina en Cañuelas que me defienda. ¿No era que somos todos iguales ante la Ley? Evidentemente no es así, los malhechores están en ventaja. Es una cosa demencial”.

Lázaro planteó otra situación que le ha tocado vivir y que también es un modus operandi bastante frecuente: “Tengo una chacra de 11 hectáreas en La Noria comprada con escritura en 1974 en sociedad con Jorge Wauters. Teníamos alquilado, ese campo lo manejaba él, en un momento se enfermó y el señor que alquilaba se fue y dejó a otra persona, entonces la persona que vino después le vendió por escritura el derecho posesorio a otra persona, un empresario de camiones, que lo compró (11 hectáreas, casa, galpones e instalaciones) por 20 mil pesos. Fuimos a una mediación en La Plata, el abogado de este señor plantea que su cliente mejoró el campo, gastó millones de pesos... ¡Mentira, es incomprobable! Entonces pretende que le devolvamos las supuestas mejoras para devolvernos la tierra. Ese es otro típico negocio: usó el campo y todavía pretende sacarnos plata. Y el juez Rizzo de Cañuelas y el fiscal no dicen nada. ¿No les llama la atención que alguien haya supuestamente comprado un campo por 20 mil pesos y que haya miles de casos calcados en todo el país?”.

Subraya que en ese entramado es fundamental la intervención de escribanos que facilitan los negocios espurios. “Muchos de los usurpadores compran lo que se llama ´derechos posesorios´ y eso facilita todo esto. Cañuelas debe ser campeón nacional de venta de derechos posesorios, una cuestión que roza lo ilegal y en la que la justicia no se mete. Pero también hay que hacer la salvedad: algunos no entran en ese juego. En Cañuelas, por ejemplo, la escribana Guadalupe Morales, si bien hace ese tipo de escrituraciones, no lo hace a la ligera y efectúa una constatación de antecedentes. No todas las escribanías se toman ese trabajo”.

Por último, Lázaro sostiene que en Cañuelas “el 98 % de las denuncias por usurpaciones se archivan, se desestiman y se mandan a la justicia civil. Le pregunto al Dr. (Martín Miguel) Rizzo ¿de dónde sacamos plata los usurpados para litigar? ¿De dónde sacamos las fortunas que hay que pagar de tasa de justicia? Estamos en un callejón sin salida porque los jueces no se meten y no nos defienden”.

Para contactarse con PUA, usurpadosargentina@gmail.com, instagram: propiedad.usurpada

Escrito por: Redacción InfoCañuelas