Robo, daños y amenazas. Piden elevar a juicio la causa por el bloqueo a la planta de Mayol

La fiscal Norma Pippo, titular de la UFI 2 de Cañuelas, acaba de solicitar la elevación a juicio oral de la causa contra 27 operarios y sindicalistas de ATILRA acusados de los delitos de Robo agravo, Daños y Amenazas coactivas durante el acampe realizado en 2021 frente a la fábrica Lácteos Mayol, en Gobernador Udaondo.

Del 1 al 6 de marzo de ese año un grupo liderado por el dirigente Heber Ríos se concentró frente a la fábrica, en el ámbito rural, para exigir el reencuadramiento de algunos operarios que estaban inscriptos en UATRE. Ante la resistencia de la empresa a las exigencias del gremio y la tibieza del Ministerio de Trabajo, el conflicto escaló hasta concluir en una causa penal en la que Mayol fue representada por el abogado Juan Beluardo (el mismo abogado que patrocina a la empresa Lácteos Vidal, bloqueada en julio). 

Según lo detallado por Pippo en su dictamen, durante esos días de conflicto los manifestantes se “agruparon en forma hostil” frente a la fábrica Mayol “impidiendo el ingreso al edificio de sus dueños y empleados mediante agresiones verbales, obligado a los empleados a que se sumen a la protesta mediante amedrentamientos, falso asesoramiento laboral y amenazas”.

Agrega que acamparon en el lugar las 24 horas “ingiriendo grandes cantidades de alcohol y utilizando las instalaciones de la empresa -a la cual ingresaron mediante el corte de candados y por la fuerza- como ser baños y duchas, infundiendo en forma constante temor a empleados, dueños y vecinos mediante gritos y actos vandálicos”.

Sostiene que se produjeron diversos ataques a la infraestructura, entre los que menciona daños al transformador de luz y cámaras de seguridad, corte de cables y candados y daños en el vehículo Toyota Ethios propiedad de Maira Denis Mayol, sobrina del dueño de la empresa.

También afirma la fiscal que se produjo el robo de combustible, de las llaves de arranque de dos camiones y de al menos 40 potes de dulce de leche y varios quesos. 

Como pruebas para fundamentar la imputación Pippo cita fotografías, un acta notarial y declaraciones de testigos.

“Debe ponderarse que más allá dela sumatoria de delitos cometidos y de violentar el derecho constitucional a trabajar consagrado en el art. 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de jerarquía constitucional, el accionar de los imputados ocasionó grandes pérdidas económicas a la empresa, perjudicando a empleadores y empleados que no estaban de acuerdo con la medida de fuerza del gremio” concluye la representante del Ministerio Público.

Por último consideró a los 27 imputados como “coautores” toda vez que se presentaron en la planta industrial en forma conjunta y organizada, “con el fin de amedrentar a patrones y empleados para lograr la representación del gremio en dicha empresa, llevando a cabo en forma independiente diversos delitos”.

Sobre el final del dictamen Pippo solicitó la inversión de un Juzgado Correccional y que se aplique la modalidad de juicio abreviado.

Si bien en el primer día de protesta el grupo sindical estuvo liderado por Heber Ríos, al momento del operativo de identificación realizado por la policía de Cañuelas, ese dirigente no se encontraba en el lugar y por lo tanto no fue considerado entre los imputados.

LOS 27 IMPUTADOS

• Guillermo Facundo Arregui, de 39 años, domiciliado en Las Heras. Secretario General de la filial Cañuelas de ATILRA.

• Carlos Miguel Barbero, de 45 años, empleado en Mastellone Hermanos, domiciliado en Ituzaingó. 

• Néstor Fabián Bordón, de 42 años, vigilador privado, domiciliado en Gobernador Udaondo. 

• Maximiliano Eduardo Nicolás Casco, de 40 años, operario, domiciliado en Luján. 

• Sergio Patricio Costa, de 54 años, operario, domiciliado en General Rodríguez. 

• Daniel Antonio Delari, de 36 años, operario, domiciliado en Pilar. 

• Héctor Ramón Díaz Ichuste, de 50 años, delegado gremial, domiciliado en General Rodríguez. 

• Pablo Daniel Duville, de 44 años, operario, domiciliado en Moreno. 

• Carlos Juan Esnaola, de 38 años, operario, domiciliado en Gral. Las Heras.

• Cristian Edgardo Flores, de 45 años, empleado, domiciliado en General Las Heras. 

• Hernán Alberto Galetto, de 46 años, desempleado, domiciliado en San Fernando. 

• Alejandro Maximiliano Juárez, de 40 años, operario, domiciliado en moreno. 

• Dante Heradio Lugo, de 35 años, operario de logística, domiciliado en Gral. Rodríguez.

• Marcelo Adrián Madona, de 45 años, desempleado, domiciliado en San Justo, partido de La Matanza. 

• José Luis Méndez, de 50 años, operario, domiciliado en General Rodríguez. 

• Juan Pablo Miño, de 24 años, empleado de Lácteos Mayol, domiciliado en Gobernador Udaondo. 

• Ramón Darío Miño, de 31 años, empleado de Lácteos Mayol, domiciliado en Gobernador Udaondo. 

• Darío Ricardo Montivero, de 39 años, empleado, domiciliado en Gral. Rodríguez. 

• Eduardo Fabián Mujica, de 52 años, empleado de Lácteos Barraza, domiciliado en Gral. Las Heras. 

• Damián Ezequiel Muñoz, de 40 años, operario, domiciliado en Mariano Acosta.

• Maximiliano Luis Daniel Navarro, de 33 años, empleado, domiciliado en Gowland, partido de Mercedes. 

• César Sebastián Núñez, de 38 años, empleado, domiciliado en General Rodríguez. 

• Walter Raúl Ojeda, de 38 años, empleado, domiciliado en General Rodríguez. 

• Hernán Olive, de 47 años, empleado, domiciliado en Barracas, ciudad de Buenos Aires. 

• Eduardo Ismael Rodríguez, de 51 años, empleado de Lácteos Mayol, domiciliado en Gdor. Udaondo. 

• Julio César Sigales, de 45 años, empleado, domiciliado en General Rodríguez. 

• Jacinto Fabián Taborda, de 54 años, empleado, domiciliado en General Las Heras.

Escrito por: Redacción InfoCañuelas