26º
Agrandar texto
Enviar por mail
En el marco de una creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los municipios, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y varios intendentes iniciaron una demanda contra organismos nacionales a los que acusan de subejecutar recursos destinados a la construcción y mantenimiento de rutas y, en consecuencia, poner en riesgo la seguridad vial.
La denuncia presentada el 13 de febrero fue firmada por Gabriel Katopodis en su carácter de “usuario” (no de ministro) junto con varios intendentes, entre ellos la jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, quien estampó su firma en el primer lugar.
Se sumaron Nelson Sombra (Azul), Julio César Marini (Benito Juárez), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Miguel Ángel Gesualdi (San Andrés de Giles), Leonardo Boto Álvarez (Luján), Diego Eduardo Nanni (Exaltación de la Cruz), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mauro Poletti (Ramallo), Sergio Bordoni (Tornquist), Marcos Pisano (Bolívar), Rubén Golia (Chacabuco), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Alberto Gelené (Las Flores), todos pertenecientes a Unión por la Patria.
También adhirieron Fabián Jacket y Mariana San Martín, intendentes interinos de Mar Chiquita y Mercedes, respectivamente, como así también el vecinalista Matías Nebot, jefe comunal de Saavedra, todos con el patrocinio del abogado Ramón Fernando Vidal.
La causa seguida contra el Ministerio de Economía, el Banco de la Nación, Corredores Viales S. A. y la Dirección Nacional de Vialidad quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercia y Contencioso Administrativo Nro. 1 de San Martín, Secretaría 2.
El núcleo de la demanda es que subejecución del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) un fideicomiso que se utiliza para financiar la ejecución de obras viales en Argentina, constituido por los fondos provenientes de la tasa sobre el gasoil.
Los firmantes sostienen que entre 2024 y 2025 el fideicomiso “resultó beneficiado con un notable aumento en el precio de los combustibles” y como contrapartida “se observó y se observa una notable desinversión en materia de obras y mantenimiento de la red” lo que configura “una amenaza cierta sobre los derechos de los usuarios y sobre el destino dado a los fondos públicos afectados”.
“Tanto el impuesto a los combustibles como el impuesto PAIS tienen establecido, por las leyes que los crearon, que un porcentaje de su recaudación sea afectado con destino específico a financiar obras de infraestructura y pese a que el gobierno Nacional los recaudó, jamás los afectó al financiamiento de las mismas, sino que gran parte de dichos fondos terminaron en las cuentas generales del Tesoro Nacional”.
Se agrega que en 2024 el gobierno Nacional recaudó 2,2 billones de pesos en concepto de impuestos a los combustibles, una variación interanual del 378.9 %. “En ese año el SISVIAL recibió unos 349,13 mil millones que debieron haberse destinados a continuar las obras viales en ejecución y a garantizar el mantenimiento de la red nacional. Sin embargo, a lo largo de 2024 sólo se transfirieron y ejecutaron $ 149 mil millones, menos de la mitad. Esta subejecución se explica por el abandono por parte del Gobierno Nacional de la obra pública en general y de las obras viales de las rutas nacionales en particular”.
En párrafos siguientes sostienen que en el caso del impuesto PAIS la situación es más grave ya que debieron girarse unos 2,08 billones a la secretaría de Obras Públicas para proyectos de infraestructura. “Esa cifra no fue enviada a la repartición que debía ejecutarlo, sino que terminó en la cuenta única de la administración. Del total de lo recaudado por el impuesto PAIS con afectación a obras públicas sólo se ejecutaron 38,77 mil millones”.
Katopodis y los jefes comunales reclamaron un acceso completo a los datos de recaudación, egresos, estado contable del SISVIAL, contratos suscriptos por Corredores Vales, un diagnóstico del estado de las calzadas en todos los corredores viales y plan de obras de 2025 para detectar “los incumplimientos y sus responsables” con el fin de obturar una “amenaza a la seguridad del usuario vial”.
Previo a esta demanda el Estado Nacional reclamó la devolución de fondos que fueron girados a los municipios para obras públicas y no rendidos. En el caso de Cañuelas la Secretaría de Obras Públicas reclama la devolución de un total de 36 millones de pesos más intereses por dos obras de calzada y cordón cuneta en la localidad de Máximo Paz cuyo balance se encuentra incompleto. A cifras de hoy serían unos 550 millones de pesos. El municipio aún no ha sido formalmente notificado de estas causas iniciadas en los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8 y Nro. 9 de Lomas de Zamora.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
