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El juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, elevó a juicio la causa por la toma de Lácteos Mayol ocurrida en marzo de 2021. En el dictamen firmado el 30 de diciembre el magistrado consideró que hay evidencias suficientes para sentar en el banquillo al jefe seccional de ATILRA, Guillermo Facundo Arregui, por el delito de Coacciones agravadas, delito que prevé de 2 a 4 años de prisión.
En la misma resolución Rizzo decreto el “sobreseimiento total” de Arregui y de otras 26 personas por los delitos de Robo en poblado y en banda, daños, Resistencia a la Autoridad y Desobediencia, al considerar que la investigación e las Fiscalías 1 y 2 fue deficiente.
Estos 26 sobreseídos son Carlos Juan Esnaola, Dante Heradio Lugo, Damián Ezequiel Muñoz, Eduardo Ismael Rodríguez, Carlos Miguel Barbero, Eduardo Fabián Mujica, Ramón Darío Miño, Néstor Fabián Bordón, Juan Pablo Miño, Darío Ricardo Montivero, Cristian Edgardo Flores, Héctor Ramón Díaz Ichuste, Walter Raúl Ojeda, Jacinto Fabián Taborda, Alejandro Maximiliano Juárez, José Luis Méndez, Daniel Antonio Delari, Maximiliano Luis Daniel Navarro, Hernán Alberto Galetto, Marcelo Adrián Madona, Julio Cesar Sigales, Hernán Olive, César Sebastián Núñez, Sergio Patricio Costa, Maximiliano Eduardo Nicolás Casco y Pablo Daniel Duville. Entre ellos hay sindicalistas de varias localidades y empleados de Mayol que se plegaron a la toma.
Pablo Torres Barthe, abogado de la empresa Mayol, adelantó que apelará los 26 sobreseimientos en tanto que Nicolasa Boccarratto, abogada de los sindicalistas, confirmó que ya está trabajando junto al codefensor Gonzalo Díaz Cantón para apelar la elevación a juicio contra Arregui.
De esta manera el mandamás de ATILRA seccional Cañuelas es el cuarto dirigente del sindicato que llega a juicio. Uno ya terminó condenado por la toma de la planta “Don Felipe” de Macachín (La Pampa) y otros dos quedaron procesados por la toma de Lácteos Vidal en Moctezuma, provincia de Buenos Aires.
La causa de Gobernador Udaondo tuvo un progreso sumamente lento por los reiterados planteos de nulidad presentados por la defensa, la recusación de la fiscal Norma Pippo y la designación del fiscal Roberto Berlingieri en una segunda etapa.
Guillermo Arregui. Archivo InfoCañuelas.
Los hechos
En el auto de elevación a juicio al que tuvo acceso InfoCañuelas el juez Rizzo sostiene que de acuerdo a la investigación inicial realizada por la fiscal Norma Pippo, quedó acreditado que entre el 1 y el 6 de marzo de 2021 al menos 27 sujetos integrantes del gremio ATILRA se apostaron en el ingreso de la fábrica láctea “Mayol” sita en Gobernador Udaondo, Partido de Cañuelas, impidiendo el ingreso al predio de sus dueños y empleado, obligando a los empleados de la empresa a que se sumen a la protesta mediante amedrentamiento, falso asesoramiento laboral y amenazas.
Los sindicalistas acamparon durante las noches, utilizando las instalaciones de la empresa -a la cual ingresaron mediante el corte de candados- infundiendo en forma constante temor a empleados, dueños y vecinos mediante gritos y actos vandálicos. Entre los daños constatados figuran la rotura del transformador de la fábrica, corte de cables de energía eléctrica, daños en las cámaras de seguridad, corte de candados y vandalización del Toyota Ethios propiedad de Maira Denis Mayol. Además, robaron combustible, mercadería (al menos cuarenta potes de dulce de leche y varios quesos) y las llaves de arranque de dos camiones.
Para considerar la responsabilidad de Arregui el juez Rizzo valoró los testimonios de varios empleados y vecinos de la fábrica Mayol quienes relataron que un tal “Guille” coordinaba las acciones y era el que amedrentaba a otros empleados para sumarlos a la toma bajo el pretexto de una protesta gremial.
Uno de estos testigos que declaró bajo identidad reservada señaló que el mencionado Arregui fue el que ordenó romper las cámaras de seguridad afirmando que “total, si no pueden vernos, no van a saber que fuimos nosotros”.
El encargado de la fábrica también declaró que en las distintas oportunidades que concurrió a la planta Arregui le franqueó el ingreso y que en una oportunidad en la que intentó hablar con los empleados que se encontraban en el acceso Arregui lo “pecheó” y le ordenó que se fuera “porque la vas a pasar mal”.
Todos esos testimonios, según Rizzo, permiten acreditar que el jefe seccional de ATILRA Cañuelas deber ser enjuiciado por el delito de Coacciones agravadas según los términos del artículo 149 bis párrafo segundo del Código Penal, que prevé de 2 a 4 años de reclusión “al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
En paralelo, Rizzo sobreseyó de este delito a los 26 nombrados; y a los 27 los consideró ajenos a la imputación por Robo agravado en poblado y en banda. En su dictamen indicó que la investigación de los fiscales fue “precaria”, que se limitó a hacer un “relato abierto y poco preciso de los hechos”, sin establecer los roles que supuestamente tuvieron los imputados en los delitos endilgados. “A partir de la intervención de una nueva fiscalía, nada se ha profundizado y carece de elementos la presente investigación para imputarle a los 27 sujetos imputados el delito de Robo calificado y los daños que se sindican producidos en inmediaciones e interior de la empresa Mayol”.
En su declaración testimonial ante la Fiscalía Arregui se defendió en términos políticos. Tras señalar que se presentó en la planta por un pedido de trabajadores que estaban fuera de convenio, dijo que “la señora Patricia Bullrich y Arietto (por la abogada y senadora del PRO) convirtieron el reclamo laboral en una causa penal”.
Apelaciones en marcha
Pablo Torres Barthe, abogado de la empresa Mayol, adelantó que en los próximos días apelará el sobreseimiento de Arregui y de los demás 26 en cuando al delito de Robo agravado al considerar que todos ellos actuaron en forma coordinada en la toma y destrozos de la planta.
“El juez dice que no se probó el robo, lo cierto es que del 1 al 6 de marzo todos estuvieron adentro de la fábrica, tomaron total control y desaparecieron cosas. Hay un testigo que dice que rompieron las cámaras precisamente para que no se supiera quiénes estaban adentro o qué estaban haciendo. Entendemos que hay una coautoría funcional” advirtió el letrado.
Agregó que insistirá para que los 27 sean llevados a juicio por el delito de Robo, como planteó el Ministerio Público desde el día uno; y subrayó que hubo un grosero error al calificarlo como “en poblado”. Cualquiera que conoce mínimamente la localidad de Udaondo sabe que la planta industrial está a unos 10 kilómetros del casco urbano y que por lo tanto se trata de un ilícito cometido en “despoblado”, lo que representa un agravante.
Por último Torres Barthe dijo que el incidente de 2021 excedió el mero reclamo sindical. “La toma se hizo bajo la apariencia de un conflicto de orden sindical, pero la idea era romper la empresa. Los empleados y vecinos estaban aterrorizados. Un casero se tuvo que ir porque le apedrearon la casa. He trabajado en la representación de varias empresas que han sufrido tomas o bloqueos y puedo decir que ninguno de los episodios que conocí fue tan violento como el de Mayol”.
Nicolasa Boccarratto, una de las defensoras de los sindicalistas de ATIRLA, también adelanto a InfoCañuelas que apelarán la resolución e Rizzo para pedir que el sobreseimiento se haga extensivo a Arregui. “Ninguno de los delitos que se le imputan se ha podido probar”, expresó.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
