17A: Las náuseas del hastío

No fue magia. Fue el hastío. El hastío de verdaderos ciudadanos, con voluntad propia; no un rebaño conducido con promesas de premios. Esta protesta callejera, en todo el país, dejó cosas muy dignas de ser tenidas en cuenta.

Hace algunos años, si se preguntaba —en general— sobre la división de los tres poderes del Estado, la respuesta más probable hubiera sido una mirada de asombro; si se ahondaba preguntando sobre la suma del poder público, tal vez apareciera un lejano recuerdo de las enseñanzas de la escuela sobre el gobierno de Rosas. Se confundían los contenidos de las palabras democracia y república, y muchas veces no se advertía que existen democracias sin república, las democracias autoritarias. 

La docencia que han hecho algunos políticos, escritores y periodistas en estos últimos años generó un cambio que sirvió para comprender la importancia de vivir una democracia con república, y a entender el iluminado texto del art. 29 de la Constitución Nacional, el que fulmina a sus transgresores con el anatema más terrible de toda nuestra legislación: “infames traidores a la Patria”. ¿A quiénes les corresponde tal escarnio? A quienes concedan al Poder Ejecutivo nacional, gobernadores o legislaturas, facultades extraordinarias o la suma del poder público. 

¿Por qué lo escribieron los constituyentes con tal énfasis? No fue por magia, fue por hastío. Aquellos hombres que firmaron la Constitución de 1853 — hombres falibles, como todos, pero preclaros en su visión de futuro— habían sufrido treinta años de anarquía, donde tanto las leyes como las sentencias la dictaba la voz única y autoritaria del caudillo, cuya palabra y sable eran la verdad a la que todos debían someterse; para culminar en la tiranía de Rosas, a quien una legislatura servil le había otorgado la suma del poder público. Yo administro, yo digo qué se puede hacer y qué no se puede y yo declaro quién es inocente o culpable. Flotaba el ánima de Camila O’Gorman. El absolutismo en estado puro. 

Una gran parte del pueblo entendió —la historia enseña— que sus libertades individuales y colectivas están asentadas y sostenidas por la forma republicana de gobierno, único freno contra el abuso y la arbitrariedad. Que este reclamo se haya generado en la Argentina, dominada durante tantos años por el populismo, es intentar un regreso a la esencia de un gran país, un triunfo de magnitud difícil de valorar. 

También se reclamó por la justicia, que es un aspecto particular dentro de la forma republicana de gobierno, en especial se pidió en las calles juicio y castigo para los corruptos. La gente siente náuseas, hastío por haber sido saqueada por los más altos dirigentes de la Nación, quienes ahora han puesto en marcha un operativo de impunidad para zafar de su inexorable marcha al presidio. El pueblo ve, advierte, la maniobra envolvente de impunidad que el gobierno juega en varios frentes simultáneos. 

El ataque infame a la bien ganada honorabilidad del Dr. Casal, Procurador General de la Nación, un funcionario probo y de carrera que no llegó allí por mecanismos partidarios ni turbios manejos sino para reemplazar, por escalafón, a la mal conceptuada Gils Carbó. Este jefe de los fiscales es una pieza básica para la persecución penal de los corruptos, por ende buscan separarlo y poner a un adicto. 

La pretendida modificación de la composición y funcionamiento de la Corte Suprema, para generar una mayoría automática favorable o una hipotética sala penal que se ocupe de los problemas de la vicepresidenta, lo cual a todas luces contradice el mandato constitucional de unicidad del superior tribunal. La creación a tal efecto de una comisión asesora especial, integrada por personas que deberían haberse excusado, para adornar el camino. 

Una pretendida reforma judicial —absurda, inconducente e inoportuna— que no es más que un acomodamiento de la justicia federal de Comodoro Py; lo demás, lo que interesa al pueblo, la justicia civil, laboral, comercial, la justicia que hace al bienestar de los ciudadanos, ni aparece en el proyecto. Sólo vale lo que afecta a la Vda. de Kirchner. 

Y el método es simple, reemplazar al Procurador General, remover a los jueces molestos a través de una amañada interpretación de la ley, nombrar a los jueces subrogantes y designar veintitrés nuevos jueces, todos al gusto de los agónicos procesados, para ver si los pueden volver a la vida. ¡Qué guión tan burdo!

El pueblo, hastiado, clamó también contra la vergüenza del trato a los jubilados, que no sólo no recibieron lo prometido sino que están cobrando menos de lo que la ley —atacada a pedradas por los que ahora gobiernan— les otorgaba. Y además deben soportar la burla de los montos obscenos que cobran Boudou, Zaffaroni, la vicepresidenta y muchos otros de todo signo político. Esto también produce náuseas.

La calle expresó muchas cosas más: la inseguridad, los excesos policiales, la liberación de delincuentes. El hartazgo del hastío. 

Y como marco, una severa crisis económica que nos hunde en impensables índices de pobreza. Cartón lleno. Los dirigentes políticos, todos, no pueden permanecer ajenos a este clamor popular y deben atenderlo y ponerse al frente del reclamo, porque estamos tocando las últimas instancias, y los salvadores mesiánicos siempre andan sueltos para adueñarse del descontento, y son cantos de sirena que hacen mucho daño. 

No olvidemos que en 2001 estuvimos al borde de la disolución social, y que cambiamos cinco presidentes en once días. Tampoco olvidemos las enseñanzas de la historia: el 20 de junio de 1820, día de la muerte del Dr. Manuel Belgrano, la provincia de Buenos Aires tuvo tres gobernadores el mismo día, y en esa trágica jornada en que también cayó el Directorio de la Provincias Unidas del Río de la Plata, comenzó la sangrienta anarquía y su consecuente guerra civil, de la que solo nos rescató la Constitución de 1853 que abrió el camino de la Organización Nacional. Justamente, en estos días, se han cumplido los doscientos años del comienzo de aquella anarquía. Prestemos atención.

Carlos Laborde
Abogado y escritor

Escrito por: Carlos Laborde