Alijando la nave

La propuesta del  Dr. Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia es contradictoria con las promesas de campaña de Javier Milei, un agravio a la mejor institucionalidad y al futuro de la República. La Corte Suprema, custodio último y definitivo de la Constitución Nacional, debe ser el lugar de los mejores, de los intachables en lo moral y más capaces en lo jurídico. En ella reposan las garantías y la libertad de los ciudadanos. La solidez de nuestra Constitución Nacional y la Corte Suprema que la sostuvo nos evitó la marcha sin regreso a la Venezuela de Maduro, con maridaje en Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia, que programaba el kirchnerismo. Nunca lo olvidemos.

No parece creíble que las fuerzas del cielo, con sus ráfagas, impulsen  tal designación.  Ariel Lijo es casta, casta del mejor linaje, la casta que fue tan degradada e insultada por el presidente en sus raptos de violencia e injurias indiscriminadas. La misma casta que ahora llueve adhesiones a Lijo, como nuevo adalid de la justicia, para abonar su postulación. Estos aplaudidores son los que con su nombramiento pretenden mantener el statu quo de Comodoro Py,  de lo más cuestionable de la justicia y de los intereses espurios que hay detrás. Casta pura.

Cada postulante a la Corte debe  revestir incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y gozar de un amplio e indiscutido reconocimiento y valoración ante la opinión pública. Y sería también bueno que el tribunal contenga la visión de ambos sexos, ya que en la actualidad es enteramente masculina.
El ejemplo señero de calidad e imparcialidad lo dio el presidente Bartolomé Mitre en la primera Corte, cuando propuso a cinco de los mejores juristas de la época (1863), pero a ninguno que perteneciera a su partido. También debe recordarse la conducta del Dr. Raúl Alfonsín, que designó una Corte de mixtura ideológica y excelencia académica y moral.

Ariel Lijo es un juez de primera instancia, de inferior rango a los tribunales orales, la cámara de apelaciones y la cámara de casación. Aunque ya no es joven, está en los albores jerárquicos de su carrera de magistrado; todas sus decisiones son revocables por las instancias superiores, por magistrados que presuponen  mayor experiencia y formación. Es docente, pero en ningún momento profesor titular de la UBA, sólo ayudante. Le falta rodaje judicial y académico para la postulación a ministro de la Corte. El Colegio de Abogados de Buenos Aires y otras instituciones, alarmados por el atraso en las causas de corrupción, lo denunciaron en 2016 ante el Consejo de la Magistratura que dispuso una auditoría en Comodoro Py. El resultado fue ilustrativo para el motivo que hoy nos convoca: el juzgado del Dr. Ariel Lijo obtuvo el dudoso mérito de ser el peor de todos los  evaluados. ¿Por qué esta propuesta entonces, si por su propia esencia y sin entrar en otras especulaciones no muestra calidades para el cargo? 

El presidente, molesto  cuando lo contradicen, dio en una entrevista esta  argumentación: Hay una ventaja que tiene Lijo respecto de cualquier otro candidato: sabe cómo funciona el sistema jurídico de la Argentina.

Señor presidente: cualquier magistrado, funcionario de la justicia o abogado con algunos años de experiencia, sabe perfectamente cómo funciona nuestro poder judicial. Ahora, si se refiere a  trapisondas tribunalicias, tal vez tenga razón, pero ese atributo no luce para la Corte Suprema.

La propuesta ha sido repudiada casi unánimemente por aquellos que transitan el quehacer judicial en forma independiente. Ha recibido una cantidad inédita de impugnaciones. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, realizó una buena síntesis de lo sustancial del tema:

• Es estadísticamente el juez más ineficaz de “Comodoro Py”.
• Es el juez con mayores demoras en causas de corrupción de ese fuero.
• Cuenta con denuncias penales y por mal desempeño en su contra que son impropias de un candidato a la Corte Suprema, quien debería estar libre de cualquier sospecha.
• No cuenta con otros antecedentes profesionales o académicos que lo hagan merecedor de llegar a la Corte.

Dicho esto, que sería más que suficiente para abortar cualquier pretensión, se escucharon otras cuestiones que alarman:

¿Quiere Milei amigarse con la casta o inclusive integrarse, con el nombramiento de un pura casta como Lijo?

¿Apunta, como la viuda de Kirchner, a introducir cuñas para someter la independencia de la Corte?

¿Hay una promesa anterior a las elecciones para negociar la impunidad de Cristina Kirchner a través de Lijo y su influencia en Comodoro Py? Obsérvese que por rara coincidencia todo Comodoro Py apoya la postulación. ¿Casta acaso?

¿Fue el despechado Lorenzetti, paria entre sus pares,  quien  por intereses propios acercó a Lijo a Karina Milei para que ésta lo lleve a su hermano con la intención de ungirlo?

¿Es tolerable que un ministro de la Corte sea socio de su  hermano  Alfredo “Freddy” Lijo,  un facilitador judicial, de inocultable fortuna y llegada a los despachos de las señorías, y amigo de otro conocido operador como Daniel Angelici?  Se investigaron en el Consejo de la Magistratura, en 2018, los negocios realizados por Ariel Lijo con su hermano Alfredo en un balneario de Necochea y en un haras de Dolores; la tramitación se truncó y se archivó el caso.

¿Por qué el Consejo de la Magistratura no avanzó con la denuncia contra el juez Lijo por irregularidades en más de veinte causas, en general de corrupción?

¿Se reabrirá por sentencia írrita la causa que tramitó el juez Julián Ercolini, su colega y vecino de Comodoro Py, con el fiscal Franco Picardi, por enriquecimiento ilícito en la que fue imputado el juez Ariel Lijo y resultó sobreseído por falta de pruebas, pruebas que la fiscalía nunca buscó? Al respecto la Dra.  Carrió,  pidió la intervención del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia, cuyo informe revela enormes sospechas de una negligente investigación judicial que permitió beneficiar a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo  y que impone la reapertura de esa investigación tras la postulación del juez para la Corte. Y una nota de coloratura: el abogado defensor de Ariel Lijo fue el actual ministro de justicia Dr. Mariano Cúneo Libarona. ¿Casta? Para quienes le interese, los detalles de esta anómala causa están prolijamente detallados por el periodista Carlos Pagni en su columna “Juez Lijo: la casta 1, Milei 0”, La Nación, 26 de marzo de 2024.

¿Y la causa del Correo Argentino que afecta a la familia de Mauricio Macri?  Lijo ya rechazó varios pedidos para cerrarla, y la mantiene aletargada pero viva a lo largo del tiempo. Según la impugnación al pliego de Lijo presentada por la ONG “Será Justicia”, la causa Correo fue moneda de cambio para que Lijo obtuviera el perdón del Consejo de la Magistratura en un sumario abierto en su contra.

¿Por qué el juez Lijo conducía autorizado con cédula azul un Mercedes Benz de altísima gama, cuando tal rodado pertenecía a la empresa Caledonia, vinculada a su hermano Alfredo  y al tema seguros?

¿Milei está simplemente disgustado con esta Corte o pretende ir más allá y emular a su numen Carlos Menem y formar una Corte adicta propia, al mejor estilo populista?

¿Qué pasó con la denuncia formulada en 2008 por la Dra. Elisa Carrió por la venta de las acciones de YPF a Repsol y a la familia Eskenazi (Grupo Petersen)?  Pues tramita en el juzgado del Dr. Ariel Lijo todavía en trámite de instrucción. El magistrado retuvo la causa, la pisó hasta la fecha, o sea durante 16 años. Si Lijo hubiera cumplido con su deber, si hubiera avanzado efectivamente con la investigación del ilícito, tal vez la República Argentina, o sea todos nosotros, no estaríamos obligados a pagar a fondos extranjeros la suma de 16.000.000.000 de dólares, según condena de la jueza norteamericana Preska. No puede obviarse en este caso la muy conocida y especial colaboración de Cristina Kirchner y su ministro Kicilof al señalado desastre. En la actualidad, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López instó al procurador del tesoro Rodolfo Barra para que actúe, pero Barra no lo hizo. ¿Qué juego de intereses espurios hay detrás de todo esto? Solo sabemos que la víctima es el pueblo argentino.

¿Y el famoso caso Ciccone? El gobernador Gildo Insfrán fue imputado ante el juez Lijo por dudosos negocios que realizaba la provincia de Formosa con The Old Fund, sociedad vinculada con Amado Boudou. Pues bien, el juez Lijo sostuvo la causa contra Boudou pero se declaró incompetente respecto de Insfrán y pasó el expediente a la justicia de Formosa, o sea, le pasó a Insfrán la posibilidad de dictarse su propia sentencia absolutoria.

¿Y la también famosa causa Siemens? ¿Por qué desvinculó a la familia Corach y a los funcionarios públicos de la investigación cuando fueron expresamente denunciados por la Procelac en orden a la suma de 16.000.000 de dólares? Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, pero nada, se perdió en la oscuridad de ese organismo.

Hoy mismo, ante un pedido de la Coalición Cívica de reapertura de esas causas, el consejero peronista Recalde se opuso señalando que dada la postulación de Lijo a la Corte no era conveniente por el momento menear esas cuestiones. La casta se protege.

En nuestro derecho procesal, cuando las presunciones son graves, precisas y concordantes, pueden valorarse como prueba. El lector evaluará si lo dicho, que es público y notorio, alcanza para esa valoración.

Y cabe preguntarse:

¿A qué se debe este ayuntamiento de Milei con lo más oscuro de la casta? 

¿Responderá a pactos preexistentes guardados bajo siete llaves? 

¿Será Lijo el tercer eslabón de la ya cuestionada cadena Barra-Cúneo Libarona? 

Pronto tendremos un principio de respuesta. Si los senadores kirchneristas votan a favor del nombramiento de Lijo, es probable que desde antes estuviera negociada la impunidad de Cristina Kirchner y de sus secuaces. Si cierto sector de la UCR lo apoya, hay que mirar el vínculo de este grupo con Angelici, o sea, con la casta y todo lo que ésta trae consigo. Si el Pro lo vota es porque ya no existe,  se ha consumido, mostraría su propia partida de defunción. La Coalición Cívica sostiene sus banderas éticas, jamás lo votaría, pero no tiene senadores.
Una votación nominal en el senado del pliego de Lijo nos dará la visión de quién es quién en la Argentina. 

El Presidente debe una explicación a la sociedad por esta propuesta que contradice todas sus promesas de campaña y contamina la credibilidad moral de su gobierno. Y la mejor explicación, tal vez la única creíble, es retirar la postulación.  
 

Escrito por: Carlos Laborde