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La pandemia afecta nuestra vida al punto ponerla en riesgo; entonces nos ocupamos y nos convertimos en peritos infectólogos e higienistas. Tratamos de alejar sufrimientos y proteger nuestra vida y la de los demás. Pero hay otro tipo de virus, de desarrollo más lento pero de mayor alcance que, por parecernos ajeno, no combatimos con el mismo ahínco. Este otro virus, de inoculación lenta, afecta un órgano fundamental para el ser humano: el que nos asegura nuestra libertad.
Ese órgano es la administración de justicia, la institución republicana que nos permite reivindicar nuestros derechos ante la intrusión de terceros o del propio estado, la que nos defiende de los abusos de los poderosos. Este órgano funciona silenciosamente, como el corazón, por eso lo olvidamos, pero cuando falla o no está, sentimos desazón, bronca e impotencia. No hay paz sin justicia. La falta de justicia genera males mayores.
El virus de la injusticia ataca distintas defensas del organismo social. Hoy nos encontramos ante un brote ponzoñoso que afecta la estructura misma del poder judicial. ¿Vale defender a estos jueces y fiscales? Tal vez no demasiado, deberían mejorar, y mucho; pero aún con sus contradicciones quedan algunas chances de una sentencia razonable. Es como un revoleo azaroso, te puede tocar la buena o la mala. Hoy, las cosas de la política hicieron que imputados por delitos múltiples —con procesos abiertos y avanzados— alcanzaran poder dentro del gobierno. El cúmulo de probanzas que los acosan son de tal gravedad que, aún con esta justicia deficiente, no tienen ninguna posibilidad de evitar un resultado necesario: la cárcel. No existe un tribunal de derecho que los pueda exculpar.
Desesperados, porque el tiempo se les agota para alcanzar sus objetivos de impunidad, lograron que el poder ejecutivo promueva un proyecto de reforma del poder judicial que aún en detalle no conocemos pero que, por el contexto, presumimos: no será una mejora de la administración de justicia sino una adecuación para que los referidos presuntos delincuentes, agobiados por las probanzas de condena, sean absueltos sin menoscabo de “su buen nombre y honor” y para que, si es posible, se lleve a la condición de imputados a todos aquellos que osaron denunciarlos y a quienes ellos creen que fueron los responsables de sus desdichas judiciales. Si este virus logra que las sentencias se dicten desde una oficina administrativa o por un mero tweet, no existe cuarentena que lo pueda detener, y la epidemia, lanzada, arrasa tus derechos, los míos y los de él; arrasa los derechos de la Verdad, y entonces, ya es tarde, no hay vacuna ni remedio, se instaló el Estado Autoritario, donde se absuelve o condena como el Poder quiere.
En estos días, cuando todavía el proyecto de reforma no tomó estado parlamentario, el virus buscador de impunidad comenzó su ataque previo con distintas acciones. Enunciaré algunas; los detalles exceden la extensión de este artículo.
Se va contra el procurador general interino Dr. Casal, que asumió —por mero escalafón— ante la desdorosa renuncia de la Dra. Gils Carbó. El Dr. Casal es funcionario de carrera del Poder Judicial desde hace más de cuarenta años y goza del mayor respeto por su reconocida probidad. No se le puede pedir, entonces, al Dr. Casal, que dictamine contra la ley o la prueba colectada; entonces no sirve, hay que correrlo, hay que sacarlo. El virus, encarnado en una suerte de Armada Brancaleone, se puso en marcha con denuncias impensables e improbables, para molestarlo y buscar su apartamiento voluntario o generarle un amañado juicio político —no olvidemos el caso Campagnoli en 2013—. Harán lo mismo con la fiscal que sigue en orden de rango, otra persona de respeto, para llegar por fin al tercero en el escalafón, que es el que ellos quieren, por su vínculo con “Justicia legítima” y pertenencia ideológica. Esto, a más de infame es grave porque, en la actualidad, con el nuevo código procesal que comienza a regir, los fiscales son mucho más importantes que los jueces para el manejo de un proceso, porque si ellos no acusan, no hay juicio, y si ellos no apelan, no hay segunda instancia. Tendrán la llave del proceso, la báscula del bien y del mal.
Se cascotea también a la Corte Suprema de Justicia. El fin es obvio, ampliar la cantidad de ministros que la integran —al mejor estilo Menem— para nombrar gente del actual signo político, parcial a los intereses de aquellos que están rindiendo cuentas de sus actos espurios, para absolverlos. El Presidente de la República se mostró primero ajeno a este interés, pero ahora cambió y está armando una comisión para que estudie el tema. Veremos a quiénes elige y a qué conclusión llegan estos expertos, no infectólogos sino juristas. No sería descabellado pensar lo peor.
El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura ha presentado el proyecto de remover de sus actuales puestos a jueces que subrogaron distintos juzgados y cámaras como consecuencia de vacantes producidas que no fueron todavía cubiertas. ¿Cuál es el apuro ahora? Simplemente que algunos de ellos ya actuaron en varios de sus tantos procesos contra la Vda. de Kirchner y no se los considera permeables, y otros que por tener competencia electoral pueden resultar necesarios el año que viene. Buscan poner en su reemplazo a aquellos que se puedan manejar por tweet.
Con estos antecedentes y la Armada Brancaleone en plena actividad, el Poder Ejecutivo nos cuenta que enviará un proyecto de reforma judicial para mejorar la administración de justicia. Ahora mismo, en forma urgente, aunque el Congreso no pueda, siquiera, tratarlo en forma presencial. Todos conocemos la razón del apuro: a la Vda. de Kirchner no le dan los tiempos, las sentencias acechan. No hace falta ser Nostradamus para presumir el contenido que tendrá la publicitada “reforma judicial” y la “reformulación” de la Corte Suprema. Urgidos, van por todo.
Carlos Laborde
Abogado y escritor
Escrito por: Carlos Laborde
