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Los asociados de empresas de medicina prepaga a menudo se enfrentan a la denegación de cobertura de servicios médicos por parte de las empresas.
A esta problemática hay que añadir el impacto que, a consecuencia de la publicación del decreto 70/23, se produjo en el valor de las cuotas de las prepagas.
Y es que al ser derogadas las funciones de fiscalización y control de la Autoridad de Aplicación –entre otras, garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales y autorizar los aumentos cuando el mismo esté "fundado en variaciones de estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos"-, las empresas de medicina prepaga pueden aumentar discrecionalmente el valor de los planes prestaciones a todos sus usuarios.
Estas subas están rondando en más de un 160% -valor acumulado a diciembre-, siendo prácticamente impagables por parte de una gran mayoría de usuarios y consumidores. En esta gran masa de usuarios, se encuentran trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, personas jubiladas, con padecimientos de salud crónicos, como así también personas con discapacidad que necesitan de una cobertura de salud ininterrumpida.
En este contexto, la acción de amparo se erige como una herramienta legal fundamental para proteger los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores.
Pero, ¿qué es exactamente la acción de amparo?
En pocas palabras, el amparo es una acción legal que impulsa un proceso judicial autónomo, cuyo objetivo es la protección de derechos constitucionales violentados, y en consecuencia, es la única herramienta que tenemos para que el poder judicial repare esa violación a nuestros derechos fundamentales.
A través de diversos amparos individuales y colectivos, se busca suspender los aumentos y retrotraer los valores de las cuotas a diciembre 2023, declarando la inconstitucionalidad de los acápites del decreto 70/23 que modificaron el marco regulatorio de las empresas de salud.
A la situación macroeconómica que horada día a día las economías familiares, y la paridad del poder adquisitivo de los sectores vulnerables, se suma esta situación en el sistema de salud: empresas que esquilman la ya castigada clase media trabajadora argentina y el sector de jubilados y pensionados, haciendo una retracción de más del 50% de los ingresos mensuales de dichas familias, sólo para pagar los incrementos discrecionalmente dispuestos de la empresa.
Frente a éste lúgubre escenario, contamos con una herramienta jurídica que puede revertir la situación, accionando en clave jurídica por los derechos de los usuarios y consumidores.
Joaquín López Catervi.
Abogado.
T°66 F°316 CALP
Tº204 Fº836 C.S.J.N –C.F.L.P
Tel. 2226457213
Escrito por: Joaquín López Catervi
