El costo de los derechos (a propósito del Presupuesto nacional 2021)

Nada es gratis, ni siquiera los derechos, aunque tal vez la ciudadanía esté sólo consciente de la posibilidad de gozarlos pero no de la necesidad de sufragar el costo que demandan. Insisto, los derechos no son gratuitos.

La escuela pública es gratuita para el menor que asiste, pero no para la sociedad, dentro de la cual están los padres, tíos, abuelos, vecinos y una cantidad de desconocidos de ese niño. Ellos pagan la cuenta. Y así con todo. El derecho a la vida cuesta un presupuesto en defensa y seguridad, etc.

Pues bien, si tuviéramos un adecuado nivel de cultura cívica nos preocuparíamos primero por cumplir los deberes para luego gozar de los derechos (como los chicos que primero hacen las tareas del colegio y luego juegan).

Pero en este país, además de no ser ese el orden de razonamiento y acción, la sociedad en su mayoría demanda derechos y se opone a afrontar su costo. Protesta cuando le llega la cuenta (los impuestos), pero no protesta si va a un restaurante y la pide, porque allí elije lo que está dentro de sus posibilidades. Tiene derecho a pedir las mayores exquisiteces y la obligación de pagar por ellas. En la república esos mismos comensales, primero sacian su apetito y después protestan cuando llega la adición, y la mayoría se va sin pagar, inclusive descalificando y criticando a esa gran tienda de derechos que es nuestro Estado.

Hecha esta introducción, es bueno saber que ya se publicó la Lista de Precios estimados para el 2021. Me refiero a la Ley de Presupuesto para el próximo año. Aunque siempre es optimista porque la realidad nos enseña a que cada año se gasta más, se recauda menos y por lo tanto se debe más a alguien. Estimado conciudadano, sepa cuánto debe abonar por lo que tiene, y si quiere más derechos, saldrá más caro aún. Veamos:

El total de los gastos es de algo más de ocho billones de pesos. Para ser exacto, $8.394.994.825.050, y el total de lo que se espera recaudar es algo menos de 7 billones de pesos. Para ser más exacto $6.941.308.945.531, de los cuales casi 1 billón cien mil son productos de rentas de propiedad. 

Primera conclusión: SI gastamos sólo eso y recaudamos todo eso, tendremos un déficit financiero de casi un billón y medio, es decir que casi el 20% de los gastos carecen de recursos para afrontarlos. Para ser exacto, el déficit financiero previsto es de $ 1.453.685.879.519.

A ver si nos empezamos a entender, en un año de 12 meses, el 20% son casi dos meses y medio. Es decir que tenemos para pagar derechos solo 9 meses y medio (si es que se recauda todo lo esperado).
Ahora veamos algunos derechos en particular. Tomaré la seguridad social con un gasto total presupuestado de casi 4 billones (para ser más exacto, $ 3.981.763.493.411, o sea la mitad de todo el gasto nacional (administración pública, seguridad, defensa, educación, justicia, relaciones exteriores, comercio e industria, congreso nacional, salud, etc.

De cada 2 pesos que se gastan 1 peso es para seguridad social y otro para ser repartido entre administración pública, poder legislativo, poder judicial, seguridad, defensa, salud, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, cultura y urbanismo, agua potable y alcantarillado, energía, combustibles y minería, comunicaciones, transporte, ecología y medioambiente, agricultura, industria, comercio, turismo, ahhhh!!! Y pago de la deuda interna y externa.

Vayamos pensando que si con lo que tenemos queremos que los jubilados estén mejor, habrá que distribuir mucho menos en todos los demás rubros, o incrementar los aportes y contribuciones por lo menos al doble, o más. Si, ya no alcanzará un 27% para seguridad social. Aviso esto porque si lo llevamos al doble, es decir al 54% (lo que sería un disparate), recién nos estaremos acercando a un número que nos permita, genuinamente, reconocer que el sistema funciona, es decir que lo que se gasta en seguridad social es lo que se recauda para esa finalidad.

Porque aunque con orgullo cada jubilado sostiene que pagó durante 30 años con el 11% de sus ingresos el derecho a vivir sin trabajar otros 20 o 30 años, lo cierto es que es inexacto. 

Entre jubilados y pensionados hay 7 millones, cantidad similar a la cantidad de aportantes actuales al régimen de seguridad social entre dependientes, autónomos y monotributistas (7.700.000 aproximadamente), debiendo sumar algo más de 500.000 beneficios no contributivos (ex presos políticos, ex combatientes, adultos mayores-PUAM-, madres de más de 7 hijos, vejez y otras)

Un dato adicional, el 54% de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones supera los 70 años, el 23% tiene entre 65 y 69 años y el 23% es menor a los 65 años. Advierto porque si la edad para el otorgamiento de la PBU, teniendo en cuenta el promedio de vida actual se elevara a 70 años, automáticamente se reduciría casi en una cuarta parte el desembolso de prestaciones, y se incrementaría en un porcentaje similar la cantidad de aportantes, (Esto en teoría, por supuesto, pero implicaría una mejora sustancial). 

La pregunta a formularnos sería ¿cuántas personas de entre 65 y 69 años continúan trabajando y cuantas disfrutan de una vida descansada, sin actividad productiva, viviendo de la jubilación o pensión? Si la respuesta es como suponemos, que la inmensa mayoría continúa activa y productiva, entonces no hay razón para no elevar la edad, y quienes no están en condiciones de continuar trabajando, podrían acceder a beneficios previsionales por invalidez. También deberíamos preguntarnos ¿por qué no extender el requisito de aportar 30 años a 40 años? Esto podría complementarse fomentando el primer empleo o empleo joven desde los 18 a los 25 o 30 años con un régimen voluntario de aportes y contribuciones, y lo mismo para la empleabilidad de los adultos a partir de los 60 años, en tanto acrediten haber alcanzado suficientes años de aportes. Con ello se favorecería la inserción laboral de personas mayores con experiencia. En ambos casos, no se lastimarían las arcas de la seguridad social y se estimularía la contratación de personas que actualmente se encuentran en desventaja: los más jóvenes y los más cercanos a la edad jubilatoria.

Volvamos a la lista de precios (Presupuesto nacional para el 2021):

• Gastos de seguridad social año 2021: casi cuatro billones ($ 3.981.763.493.411) 
• Ingresos estimados por aportes y contribuciones a la seguridad social; $1.839.562.757.224
Es decir que los recursos son menos de la mitad del gasto, Si se incrementaran al doble los aportes y contribuciones estaríamos todavía con un déficit de ingresos del 10% que habría que tomarlo, como ahora, desfinanciando otras actividades y finalidades.
Queremos mejores jubilaciones y menos cargas sociales. Queremos seguir aportando un poquito (11%) durante 30 años y vivir de una jubilación -si es posible lo más cercana al 82% móvil-  otros 20 o 30 años. Eso es imposible. Los derechos cuestan, y cuanto mejor sea, mas caro será. Acá y en cualquier lugar del mundo.

Mientras tanto, seguridad, defensa, salud, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, cultura y urbanismo, agua potable y alcantarillado, energía, combustibles y minería, comunicaciones, transporte, ecología y medioambiente, agricultura, industria, comercio, justicia, turismo se atienden con recursos magros y por eso cuesta salir adelante. Porque sin recursos es imposible un Estado presente y eficiente con políticas de Estado a mediano y largo plazo. Es difícil afrontar el costo de los derechos a la educación, salud, seguridad, justicia, etc.

Podemos echarle la culpa a la dieta de los senadores y diputados, a la cantidad de empleados públicos, de ñoquis, a las altas jubilaciones del poder judicial, a los privilegiados que no impuesto a las ganancias, pero la verdad es que somos un país en el que, independientemente de la cantidad de trabajadores, de desocupados subsidiados, de empleados públicos y de jubilados, la mitad de lo que se gasta es para pagar seguridad social y la otra mitad para todo lo demás, inclusive para pagar la deuda externa.
Queremos caviar pagándolo al precio de pan rallado, y muchos, además, lo comen sin pagar.  

Este es el gran debate que nos debemos. Pero la clase política sigue repartiendo derechos que “saca al fiado” y que los paguen los que vienen detrás.

Luis María Peña (h)
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Escrito por: Luis María Peña