El giro en políticas sociales: hábitat o jubilaciones

Rodrigo Zarazaga sostiene en su último libro, “Conurbano infinito”, que “con el kirchnerismo fuimos más iguales de la casa para adentro y más desiguales de la casa para afuera”. Durante la gestión anterior, las políticas sociales se basaron principalmente a la ampliación de la cobertura de la seguridad social a los sectores más vulnerables de las post crisis del 2001/2008. Así, la seguridad social llegó a representar el 12% del PBI y casi la mitad del presupuesto nacional. La implementación de las moratorias previsionales y la AUH alcanzaron a todas las familias argentinas, más de 17 millones de personas que cobran todos los meses del ANSES. 

El consenso fiscal alcanzado por las provincias y la Nación vuelve a poner en el centro de la escena al Fondo del conurbano bonaerense mientras establece un ajuste en la protección social vía jubilaciones y asignaciones familiares. El gobierno de Macri propone un viraje de la protección social por la seguridad social hacia las mejoras en infraestructura y hábitat. 

El acuerdo en su conjunto implica que la Provincia de Buenos Aires recibirá en 2018 ingresos adicionales netos por aproximadamente $40.000 millones, que serán utilizados en obra pública. La aplicación del Consenso Fiscal implica también la modificación de la movilidad de las jubilaciones y las asignaciones familiares y según distintas estimaciones esta modificación significa un ajuste de entre 70.000 y 100.000 millones de pesos en 2018. Este recorte tendrá un especial impacto en el conurbano bonaerense donde viven más de quince millones de personas, dos tercios de los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires viven 3 millones de jubilados y pensionados, también un millón y medio de niños de las asignaciones universales (38%), se cobran más de un millón de asignaciones familiares, todos ellos con ingresos que se actualizan por la misma fórmula. De esta manera, alrededor de seis millones de bonaerenses se verán afectados por el recorte de la seguridad social, cuatro millones en el Conurbano.
En Cañuelas más de ocho mil jubilados y otro tanto de niños de la AUH sufrirán el efecto inflacionario sobre sus ingresos. 

La situación social es crítica, según datos recientes del Centro de Estudios Metropolitanos, el 36% de los cañuelenses disminuyó la porción de su comida, el 22% sintió hambre el último año, el 43% dice que su situación económica es muy mala, al 56% no le alcanza el sueldo y el 62% ha limitado los productos que compra.

La propuesta de Cambiemos con el nuevo fondo del Conurbano pone el foco en otras cuestiones estructurales. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Defensoría del Pueblo, el 16% de sus habitantes del Conurbano vive hacinado y en vivienda precaria, uno de cada cuatro personas no tiene agua de red, el 7% no tiene medidor de luz, la mitad de sus habitantes no tiene cloacas, un tercio no tiene pavimento y uno de cada cuatro vive cerca de un basural. El gobierno de Macri enarbola principalmente la mejora de la infraestructura física y la construcción de “ciudad” con la urbanización de las villas y asentamientos.

El hábitat se relaciona también al derecho al uso y disposición del espacio urbano. Este derecho es determinado por la capacidad de fijar el lugar de residencia o de localización de la actividad económica, la disposición de bienes y la participación sobre obras de infraestructura y servicios colectivos en el territorio. Este es el derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda o la actividad, que dependen de una estructura urbana que tiende a reproducir la estructura social y yuxtaponerse a ella. 

Los desafíos del hábitat más recurrentes en el gran Buenos Aires son, entre otros, una cobertura deficiente de la red de agua potable, mala provisión de cloacas y falta de tratamiento de excretas domiciliarias y efluentes industriales, fallas en la recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios e industriales, localización inadecuada de algunas industrias, déficit habitacional y hacinamiento en asentamientos precarios y zonas de la periferia, y fallas en el sistema de transporte público.

Cómo resolver el crecimiento poblacional de Máximo Paz Oeste, también del corredor de la ruta N°3; el debate de la línea de colectivos número 51 en el corredor de la ruta 205; o las demandas de un mejor servicio de ABSA son ejemplos locales de este debate. 
Obras o jubilaciones parece ser el dilema que nos propone el consenso fiscal. Las consecuencias de este cambio son estructurales. El giro de las políticas sociales puede explicar los resultados electorales del año pasado, las demandas cambiaron en los sectores populares. También puede condicionar las elecciones del año que viene. Se verá si esas obras de infraestructura se concretan y si las consecuencias del ajuste generan una nueva oposición. El peor de los escenarios se dará si el endeudamiento recorta ambas propuestas.

Lic. Rodrigo Ruete 
Concejal de Cañuelas 
(Bloque PJ/UC)
Profesor de la UNAHUR

Escrito por: Lic. Rodrigo Ruete