La Argentina ante el pelotón

Cuando en 2014 escribí “El Estado soy Yo” (*), dedicado a entender el genoma del peronismo, analicé sus orígenes, su contenido y su proyecto. Advertí entonces la dificultad de enlazar su ideología y praxis con la existencia y vigencia de la Constitución Nacional. 

Esta antinomia se agrava con la actual versión K y me lleva a la conclusión de que el kirchnerismo no puede convivir con la plena vigencia del orden jurídico que establece nuestra Constitución. Debemos aceptar una fractura definitiva, superior a la llamada grieta, entre una filosofía política democrática-republicana, y otra totalitaria-populista que apunta directamente al reemplazo del orden jurídico vigente por un nuevo contrato social, ya anunciado por Zaffaroni, otros voceros y la propia Vda. de Kirchner. 

Si eso es bueno o malo, deberá determinarlo cada individuo, antes de que ya no sea posible ejercer tal opción, porque quedará vedada la decisión individual; valdrá sólo la masificada del ente “pueblo” que se expresará por la boca de su líder —führerprinzip en las leyes nazis—, único intérprete posible de la voluntad popular. 

En 1943 se estableció el poder de facto, mediante un golpe militar, integrado y luego conducido por su líder fundador, Cnel. Perón. No les fue difícil entonces, encaballados en las políticas de Mussolini y Hitler, en el éxito de sus campañas militares, en la creencia de que estos podían ganar la guerra, en la simpatía que una minoría importante de argentinos mostraba por las potencias del Eje, en la cooptación de las fuerzas populares laboristas y socialistas y en el total apoyo de la Iglesia Católica —una teocracia verticalista por estructura y definición donde el propio Papa es el último intérprete de la voluntad de Dios—. 

Así, la primera etapa, la del acceso al poder por las armas, se legitimó en las urnas; pero de inmediato se proyectó y logró en 1949 la indispensable reforma de la Constitución Nacional de 1853, que resultaba incompatible con el populismo, y con la que el líder no hubiera podido concretar sus pretensiones por el corsé que le imponían sus normas porque, justamente, las democracias constitucionales nacieron para encorsetar el posible despotismo, tanto de reyes y caudillos, como de masivas voluntades populares. Son el límite a la autoridad desbocada de cualquier gobernante, frenan el poder omnímodo que muchas veces dan las urnas y vallan la demagogia, son catalizadoras del equilibrio. 

El sistema republicano de gobierno es la gran vacuna contra autoritarismos y tiranías. Su vigencia es el nudo del conflicto donde se dirime la suerte de la Argentina. El peronismo actual, en su versión kirchnerista, sabe que manteniendo la vigencia de la Constitución le es imposible avanzar con sus objetivos dogmáticos, por eso ya puso en marcha distintas tácticas de ataque institucional que tienen como fin último lograr la reforma o abolición de la Constitución Nacional. 

Muchos son los principios magnos que perturban el proyecto populista —propiedad privada, federalismo, régimen de partidos políticos, alternancia en el poder, libertad de prensa, libertad de expresión—, en fin, meros prejuicios burgueses, como ellos dicen. Al respecto —cada día nos sorprenden con un avance más—, la funcionaria oficialista Miriam Lewin, a cargo de la pintoresca repartición colgada del erario público “Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual” inauguró el NODIO, oficina que anuncia en su página web: “Se trabajará en la detección, verificación, identificación, y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”. O sea, censura por un órgano del Estado, al mejor estilo de China, Corea del Norte, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, y algunas otras linduras, donde piensan que el pueblo no entiende, que necesita un tutor. 

¿Será la Sra. Lewin el genio capaz de discernir cuándo una estrategia argumentativa es maliciosa, para cuidarnos de las malas influencias? ¿Qué alcance tienen los términos “identificar” y “desarticular”? Suenan feos. Con estos nuevos censores, el recordado “Tijereta” Tato, que prohibió libros, obras de teatro y aniquiló las grandes películas del 70, se convierte en un colegial jugando en la salita verde del jardín, poniendo tiritas negras sobre pezones y distribuyendo esfumados sobre partes pudendas, o tijereteando algunos metros de celuloide, o de papel glacé. 

Estas cuestiones chocan con los derechos y garantías del ciudadano que lucen en los primeros cuarenta y tres artículos de la Carta Magna y son la base de nuestras libertades. Pero hay un mandato constitucional que limita y perturba con una profundidad inusitada a la dirigencia kirchnerista y es el principal foco de ataque: el principio de división de los poderes. Es el escollo máximo, establecido en la Organización de Autoridades de la Nación y protegido por el art. 29, que ve en su atropello tal abominación que fulmina a sus actores con el terrible anatema de “infames traidores a la patria”. Sabios los constituyentes, habían vivido a Rosas y sabían de qué se trataba. 

El populismo no sobrevive ni progresa si no controla los tres poderes del estado. Necesita gobernar con la suma del poder público y sacarse de encima, lo antes posible, la Constitución Nacional. 

Como ya poseen el Ejecutivo, iniciaron el ataque contra los poderes Legislativo y Judicial, tanto a las instituciones como a las personas físicas que las integran. Al Legislativo con el abuso de las sesiones remotas, la violación de los reglamentos internos, el olvido de las mayorías especiales para las reformas, y el bonito sistema de la vicepresidenta de cortar el micrófono de los oradores cuando le viene a ganas. 

Contra el poder Judicial con la ley de reforma de la justicia, la persecución de los jueces, del procurador general y de la Corte Suprema de Justicia, y el nombramiento a toda carrera de reemplazantes acordes con su ideología, aunque deban alterar para ello el orden de mérito y la tan promocionada perspectiva de género. Claro, en estos casos, los “colectivos” no protestaron. 

Éste es el campo de batalla entre la libertad y el Gran Hermano que anticipó George Orwell en 1949.

En los últimos días, el evidente fracaso de Alberto Fernández y la convulsión interna del frente oficialista han acentuado los síntomas y se instaló el síndrome del “ahora o nunca”, del “vamos por todo”. El tiempo para el proyecto de impunidad se les escurre y temen seriamente por el resultado electoral de 2021. 

Estamos en el peor momento, la República está inerme, todavía de pie, pero ante la boca de cuatro fusiles y sus prontos tiradores. O se escuchará la voz de —¡Fuego!— y será el final, o caerá sobre el pelotón el lazo justiciero del jinete salvador, del ciudadano libre. El final queda abierto.

Carlos Laborde
Abogado y escritor

(*) ”EL ESTADO SOY YO” (Prosa Editores – 2015). Se puede consultar en la Biblioteca Sarmiento, Lara y 25 de Mayo, Cañuelas.

Escrito por: Carlos Laborde