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La jueza Luciana Tedesco del Rivero, titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 20 de La Plata, ordenó una serie de medidas en el marco del amparo contra la Municipalidad de Cañuelas impulsado por dos vecinos que viven a escasos metros del Paso Bajo a Nivel (PBN) proyectado frente al Parque de la Salud.
En la demanda iniciada el 6 de julio, estos frentistas reclamaron la entrega de documentación completa (croquis, memoria descriptiva y especificaciones técnicas) del PBN programado entre las calles Azcuénaga y Barcia (ex Vicente Casares) ante la presunción de que el diseño de la obra podría bloquearles el acceso vehicular a su domicilio y alterar su calidad de vida. Antes de apelar a la vía del amparo solicitaron esa misma información por escrito en el marco de la ordenanza municipal 1970 de Libre Acceso a la Información Pública, pero no tuvieron respuesta.
Si bien la jueza Tedesco del Rivero no tomó una decisión sobre la cuestión de fondo, sí dio curso a la demanda y abrió un plazo de 40 días para que las partes aporten pruebas y testigos.
Es así que el 4 de octubre deberán declarar en la sede del Juzgado los tres testigos propuestos por el letrado municipal José Luis Perrotat: ellos son el secretario Legal y Técnico, Sebastián Demicheli Calcagno; el secretario de Comunicación Fernando Luis Abdo; y el encargado de la empresa contratista, Mariano Piñero.
Asimismo, la magistrada dispuso que la intendente Marisa Fassi, en un plazo de 20 días, responda por oficio escrito las preguntas que le formulen los amparistas.
Por otro lado, envió un oficio al Concejo Deliberante para que en el plazo de 10 días remita el pedido de informes realizado por el bloque de Juntos respecto a la obra; y otro oficio a ADIF SE (organismo a cargo de la financiación).
Previo a este dictamen de la jueza el abogado municipal José Luis Perrotat intentó que el amparo fuera declarado “abstracto”. Argumentó que la Municipalidad había citado a los vecinos para informar sobre la obra, por lo que desde su punto de vista el reclamo estaba saneado tornando “innecesario” el proceso judicial.
La abogada de los amparistas, Ana Paula García, le respondió que la convocatoria a los vecinos fue posterior al inicio de la demanda. “Nuestra parte inició la presente acción de Amparo el día 6/7 del corriente, acción que fue notificada el 15/7. Fue después de dicha notificación, precisamente el 19/7, que recibimos Carta documento, en tono intimidatorio, donde en un intento desesperado por zanjar la cuestión y contar con algún instrumento que justifique su accionar ante la justicia, la Municipalidad nos convoca a tomar vista del expediente, lo cual lejos estaría de satisfacer por completo lo requerido. Sumado a lo cual, nuestra parte en el afán de no querer entorpecer este proceso judicial en marcha y en conocimiento de que esta práctica es habitual de la demandada para con posterioridad peticionar se declare abstracto el proceso, decidió no concurrir”.
En otro pasaje del escrito presentado en el expediente Perrotat esbozó que el acceso a la información pública debería tener límites y aseguró que los vecinos “no lograron fundamentar el pedido de acceso a los documentos solicitados”.
Si bien la ordenanza 1970 no exige que el solicitante de información pública fundamente para qué la pide, para Perrotat ni siquiera alcanza como fundamento algo tan obvio y elemental como vivir justo frente a la obra que da motivo al reclamo.
En su respuesta judicial Perrotat también adjuntó una memoria descriptiva general del proyecto, pero la abogada de los amparistas la consideró inválida por carecer de firma de funcionarios o profesionales responsables.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
