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En un dictamen firmado este sábado, el juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, concedió la restricción perimetral solicitada por Dardo Mayol a través de sus abogados, Juan Beluardo y Juan Fontana.
La medida dictada por Rizzo establece que por 120 días el secretario General de la Seccional Cañuelas de ATILRA, Guillermo Arregui, domiciliado en General Las Heras, no podrá acercarse a Dardo Mayol y su familia. Tampoco podrá mantener contacto con un empleado de la firma Mayol y su esposa, quien denunció que fue amenazado para que no concurriera a trabajar y obligado a participar en el acampe frente a la planta industrial.
“Se impone la prohibición de acercamiento y el cese de todo acto o perturbación, compulsión u hostigamiento, incluyendo medios tecnológicos y redes sociales, de Guillermo Arregui o Arrigui hacia los nombrados, por el término de 120 días, debiéndose encomendar a la Comisaría 1ra. de Cañuelas el control de su complimiento, bajo apercibimiento de formarse una nueva investigación penal por el delito de desobediencia” indica la resolución del magistrado.
En su presentación ante el juez, los abogados del estudio platense apuntaron contra Arregui porque durante gran parte del bloqueo era quien dirigía las acciones.
Como se recordará, en la tarde del viernes, en plena efervescencia del conflicto, el juez Rizzo había rechazado el pedido de perimetral solicitado por la fiscal Norma Pippo por considerar que era “prematuro”.
Guillermo Arregui durante el acampe de Udaondo. Foto: ATILRA.
Sin embargo, con el correr de las horas la tensión fue creciendo en la planta de Gobernador Udaondo, al punto que la familia se atrincheró en la fábrica durante varias horas, con temor a salir debido a los insultos que provenían del grupo de entre 40 y 50 gremialistas que seguían acampanado en el ingreso al predio, incumpliendo la conciliación obligatoria dictada el día anterior.
En medio de esa situación -que incluyó un corte provocado del suministro eléctrico- la fiscal Norma Pippo y los letrados Beluardo y Fontana se comunicaron con el Juzgado 8 cerca de la medianoche para ratificar el pedido de la cautelar, incorporando nuevos elementos de prueba. Pippo pidió además que los gremialistas sean retirados del lugar por la fuerza pública, lo que finalmente no fue necesario porque se fueron voluntariamente tras el arribo de una decena de móviles policiales.
Este sábado el juez Rizzo concedió la perimetral aunque rechazó el pedido de desalojo (a esta altura devenido abstracto). Para justificar esta postura el juez recordó que “de las constancias glosadas, emerge un conflicto de tipo laboral por parte del Sindicato ATILRA, lo cual encapsula -a mi criterio- inicialmente el tratamiento del presente en el fuero correspondiente al Derecho Laboral, siendo el Derecho Penal la última ratio, es decir de mínima intervención”.
Consideró además que la causa penal por Daños en la fábrica (IPP 06-03-792-21) aún no ha sido profundizada para determinar posibles imputados.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
