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El 9 de agosto de 2022 la titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los directivos de la cooperativa En Bloque Limitada de Máximo Paz firmaron un acuerdo para la construcción de un barrio popular de 500 viviendas en Cañuelas bajo la modalidad ARCA (Acción para el Repoblamiento Comunitario de Argentina).
Luego de varias semanas de búsqueda InfoCañuelas pudo obtener el convenio, que establece un subsidio de $ 761.959.224 para la compra del campo que a la postre sería el de 38,5 hectáreas, ubicado en el km. 71 de la Ruta 205; y el inicio de las tareas de infraestructura.
El documento, de 22 páginas (que se puede leer en su totalidad en el desarrollo este artículo) fue firmado entre la secretaria de la SISU, Ramona Fernanda Miño, dirigente de estrecha relación con Juan Grabois, y tres directivos de la cooperativa En Bloque: el presidente Pedro Maldonado, el secretario Jorge Rivero Lodoli y el tesorero Fabián Casco. Entre los firmantes no aparece la mandamás de todo el esquema de cooperativas de Máximo Paz, Marta Ferraro.
A través de un fideicomiso del Banco BICE, la SISU aprobó una asistencia financiera para la adquisición del inmueble de Cañuelas (ubicado en la Circunscripción 4, parcela 14, partida 1316) y posterior ejecución de “obras de infraestructura para colocación preliminar de servicios y regularización urbanística de los lotes aptos para residencia y usos complementarios”.
El convenio estipula una asignación de 6.107.400 unidades de viviendas (UVIs) que entre julio y agosto de 2022 equivalían a $ 761.959.224. La Unidad de Vivienda es un coeficiente que expresa un “valor de ahorro” que se actualiza todos los meses en función del índice del costo de la construcción (CAICC). Al momento de cerrar el acuerdo el índice UVI estaba fijado en $ 124,76; el 10 de diciembre de 2023 trepó a $376,64 es decir que a valores de hoy el subsidio otorgado a la estructura de Ferraro asciende a $ 2.300 millones, el triple de lo asignado en 2022.
De acuerdo al texto firmado por las partes, hasta el 60 % del monto del subsidio podía destinarse a la compra de la tierra (hasta un 10 % de ese porcentaje para gastos de escrituración, impuestos, seguridad sobre el predio) y el resto del subsidio para “instalación de los servicios básicos”, esto es acceso al agua y desarrollo del sistema de desagües cloacales.
En uno de los artículos se aclara que la tierra que se compre para el barrio ARCA “debe ser apta para el desarrollo de un loteo”. Esto es importante porque al momento de la firma del convenio (agosto de 2022) la zona elegida por la cooperativa En Bloque era apta para la radicación de barrios cerrados pero en octubre de 2022, ante rumores de que Ferraro estaba planificando un barrio popular y que para adecuarse a la legislación lo iba a disfrazar como “barrio cerrado”, el Ejecutivo municipal promovió un sorpresivo cambio de la ordenanza prohibiendo las radicaciones urbanísticas en toda la franja.
Miño y Ferraro durante un visita a Máximo Paz.
ETAPAS DE DESEMBOLSO
El convenio prevé dos etapas de desembolso. La primera, de 1.109.169 UVIs, para la adquisición del inmueble a Daniel Brignani (unos 142 millones de pesos de acuerdo al valor UVI de agosto de 2022, es decir unos 480 mil dólares al blue de ese momento).
Luego de demostrada la compra de la tierra el resto del subsidio sería desembolsado en tres pagos: a) el primero de 1.499.069 UVIs (unos 187 millones de pesos) para obras de infraestructura y colocación preliminar de servicios; b) el segundo de 1.999.292 UVIs (unos 150 millones de pesos) para continuidad de las obras de infraestructura, condicionado a la aprobación de la rendición de cuentas; c) el tercer pago de 1.499.469 UVIs (otros 187 millones) una vez que esté certificado un 60 % del avance físico de la obra.
El plazo de ejecución del proyecto fue fijado en 15 meses a partir del primer desembolso aunque se prevé una ampliación del plazo “cuando existan causas justificadas”. En este caso las obras comenzaron pero fueron parcialmente suspendidas cuando la población de El Taladro y alrededores se levantó contra el proyecto al verificarse que estaba fuera de zona.
Camiones ingresando tosca al predio. Archivo.
FAMILIAS, POSESIÓN, ESCRITURACIÓN Y CLÁUSULA DE RESCICIÓN
Agrega el convenio que conjuntamente con el plan de tareas a realizar en el predio, la Cooperativa deberá presentar un listado de las familias que vivirán en el barrio, identificando cantidad de miembros, localización actual y motivo que justifique el traslado al nuevo barrio de Cañuelas. Esto significa que la SISU ya tiene en su poder el listado de beneficiarios.
En la cláusula 12 se aclara que en caso de incumplimiento de la cooperativa, ya sea de los plazos de ejecución o cualquier otro inconveniente, la SISU podrá suspender los pagos o declarar unilateralmente la caducidad de la asistencia financiera.
Si los incumplimientos fueron reiterados, el Estado Nacional podrá solicitar “la entrega inmediata del inmueble adquirido, debiendo la Cooperativa En Bloque “hacer entrega del mismo dentro de los 15 días y transmitir el dominio al comité sin costo ni condicionamientos”.
Asimismo, se establece que cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio con causa, por ejemplo cuando habiendo transcurrido cierto pazo de un desembolso no se hubieran cumplido los objetivos previstos, es decir que la actual administración de Javier Milei tiene herramientas para cancelar el proyecto si encuentra anomalías; y exigir la restitución del terreno ya comprado.
Los siguientes artículos se refieren al código de convivencia que regirá en el barrio ARCA, el sistema de resolución de conflictos, las expensas que deberán pagar los beneficiarios y etapa de obra de construcción de viviendas, etc.
Ahora bien, como la lo publicó InfoCañuelas, el reglamento interno del barrio ARCA sostiene que una vez que el beneficiario habite el lote, accederá a la “posesión perpetua” de la tierra, pero no a la escritura. Cada familia tendrá un plazo de 18 meses para hacer la obra mediante el sistema de autocontrucción o el sistema que decida. Si alguien decide irse del barrio no podrá vender el lote, a lo sumo podrá solicitar el reintegro de la cuota de ingreso y pedir un reconocimiento por lo gastado en materiales de construcción, pago que estará supeditado a la decisión de la comisión organizadora interna.
Pero, en el artículo 16 del convenio hay una contradicción con lo anterior: se indica que la Cooperativa deberá hacer “gestiones necesarias” ante la Escribanía General de Gobierno de la Nación y Provincia para “efectivizar la traslación definitiva de dominio a las familias beneficiarias y reducir el costo de la escrituración”.
Grabois y Miño.
PEDIDO DE INFORMES
Toda esta información se desprende de un pedido de informes que la diputada nacional Victoria Borrego (Coalición Cívica) le envió a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el 3 de julio de este año. El pedido incluía un detalle pormenorizado de todos los convenios ARCA firmados por Miño, montos transferidos y lista de familias beneficiarias.
Con más de un mes de demora, Miño respondió parcialmente el pedido el 17 de agosto. Argumentó que no podía entregar la lista de familias beneficiarias por el peso que implicaba adjuntar cada uno de los PDF, pero ofreció un mail en los que se podían pedir individualmente.
En la información aportada por Miño a la diputada Borrego también se encuentra un documento complementario con los 75 proyectos que la SISU financia en varias provincias. La de Máximo Paz es la segunda cooperativa del país que más fondos recibió detrás de la cooperativa de Trabajo La Azurduy Limitada de Pilar, que recibió 9.842.310 UVIs.
La Cooperativa En Bloque firmó convenios por un total de 8.133.450,0 (unos mil millones de pesos en agosto de 2022) de los cuales recibió hasta agosto de 2023, un total de 3.216.453 UVIs (unos 400 millones de pesos). Además del barrio ARCA se incluye un plan de veredas en el barrio Las Praderas, un SUM y el Hogar “Mafalda y sus Amigos”.
La diputada Borrego junto a otros diputados de la CC y Juntos vienen haciendo un seguimiento del funcionamiento de las cooperativas y su relación con el Estado. El año pasado estos legisladores impulsaron una denuncia penal por asociación ilícita contra el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; el presidente del INAES, Alexandre Roig; y la directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES y concejal de Lobos, Milagros Moya, entre otros, al considerar que otorgaron irregularmente subsidios a cooperativas de las que forman parte.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
