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La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional le envió una carta documento al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, cuestionando la designación de funcionarios políticos en cargos técnicos del organismo a su cargo.
“Valoramos considerablemente las declaraciones públicas efectuadas oportunamente por el señor Ministro en el sentido que al frente del organismo se designaría a un político y desde el segundo nivel jerárquico se designaría a profesionales de carrera de la repartición. Sin embargo, las declaraciones no concuerdan con la realidad imperante en la Dirección Nacional de Vialidad, ya que no se designa a los profesionales idóneos del organismo ni se respetan las incumbencias profesionales para la cobertura de los cargos”, sostiene la carta enviada el 5 de febrero por el Ing. José Raúl Rizzo, Secretario General Adjunto e Interior de la asociación gremial creada en 2007.
Con esa frase la Asociación parece dejar afuera de los cuestionamientos al administrador General, el ex intendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, pero pone en tela de juicio las designaciones en gerencias regionales y ejecutivas.
“Cabe recordar que Vialidad Nacional es un organismo netamente técnico que debe resolver el proyecto, diseño, construcción, mantenimiento y conservación de la red troncal nacional en sus aproximadamente 40000 kms” agrega el representante de la Asociación de Profesionales para luego cuestionar la posible designación de un maestro Mayor de Obras, un abogado, un arquitecto y un ex legislador en cargos que requieren una formación específica.
“El solo hecho de haberse desempeñado satisfactoriamente en un cargo en alguna intendencia del país o de haber sido concejal de alguna de ellas no significa que tengan las condiciones técnicas, idoneidad e incumbencias requeridas para manejar los destinos de áreas claves de nuestra Repartición”.
La CD concluye con un pedido a Katopodis para que “observe con detenimiento” las designaciones que se pretenden realizar a los efectos de que no surjan “impugnaciones u objeciones sobre las decisiones que adopten funcionarios que no se encuentran capacitados para tal fin”.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
